La ira del campo español contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la Europa de Ursula Von der Leyen, que abandera la ‘Agenda Verde’, se extiende imparable y amenaza con convertirse en una tormenta perfecta. El sector agropecuario comenzó a principios de febrero a ocupar las carreteras de norte a sur en demanda de precios justos y un “plan de choque” contra la «asfixiante burocracia» comunitaria y la «competencia desleal» que, a su juicio, supone “la importación de productos agrarios de países terceros a bajo precio”. Inicialmente, la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte, que ya paralizó el país en marzo de 2022, se sumó a las reivindicaciones de los promotores del movimiento 6F Sector Primario, pero 48 horas después decididó dar marcha atrás al no reunir los apoyos esperados. No obstante, los agricultores y ganaderos han seguido al pie del terreno, en las carreteras, en las calles, en demanda de una vida digna.

Las tres principales organizaciones empresariales agrarias del país (Asaja, COAG y UPA) iniciaron las movilizaciones el jueves día 8 de febrero, con el respaldo también de Cooperativas Agro-alimentarias, de acuerdo al calendario anunciado la semana anterior, pero la Unión de Uniones lo hizo el martes día 6 de febrero, al igual que miles de propietarios agrícolas que se coordinaron a través de redes sociales y dispositivos móviles, a nivel individual o con la colaboración de la Plataforma 6F. Las tractoradas en distintos puntos de la geografía nacional, adornadas en muchas ocasiones con banderas de España, se añadieron así a la ola reivindicativa que iniciaron sus homólogos franceses, italianos, belgas, neerlandeses, alemanes, polacos, portugueses, griegos…

Los agricultores dicen “basta ya” frente a las continuas exigencias medioambientales que, en su opinión, convierten en inviables sus explotaciones, a los acuerdos de libre comercio con mercados del resto del mundo que producen a bajo precio sin respetar las normas europeas, a la “política de sanidad animal incoherente”. Y reclaman medidas urgentes contra la sequía, el encarecimiento de los costes energéticos y de las materias primas, la normativa sobre pesticidas, los problemas derivados de la Guerra en Ucrania, la posición dominante de los grandes distribuidores, la inflexibilidad de la Política Agraria Comunitaria (PAC), la especulación de la tierra por parte de fondos de inversión…

En ese contexto de conflicto, con un Gobierno de coalición (PSOE-Sumar) extremadamente frágil, que ha sufrido en las recientes elecciones autonómicas de Galicia un severo correctivo y que para sobrevivir depende, cada día, de la voluntad de sus socios independentistas y de un partido liderado por prófugo de la Justicia, que se refugia en Bélgica y exige una Ley de Amnistía a la carta, decenas de miles de agricultores y transportistas han activado el botón que sacude a toda Europa.

Consecuencias de la globalización y la Agenda 2030

El choque de trenes que ahora se dirime en Bruselas tiene su origen en un problema de mayor alcance, con ramificaciones particulares en cada país, que se deriva de la ‘Agenda Verde’ y de la política de globalización impuesta por las organizaciones internacionales desde hace décadas, a través de los acuerdos de libre comercio. Esa liberalización del comercio mundial, con países que mantienen unas condiciones de trabajo y producción que en la UE serían ilegales y que, en determinados casos, tampoco respetan los derechos humanos, ha inundado los mercados de productos a bajo precio, frente a los que Europa no puede competir si pretende respetar la legislación laboral y medioambiental vigente. Y el hecho de no tener las mismas reglas de juego dificulta o impide la competitividad de las empresas y, en ocasiones, provoca su cierre. Además, todo ello ha llevado a que muchas grandes compañías europeas hayan deslocalizado su producción derivándola, precisamente, a regiones del Tercer Mundo, lo que ha generado la consiguiente desindustrialización en sus lugares de origen.
Ese mapa geoestratégico se ha ido reforzando, posteriormente, con la adopción de políticas ideológicas inspiradas en el movimiento woke y en un ideario ultraecologista, que en 2015 se concretó en la Asamblea General de la ONU con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, “un plan de acción”, según la propia institución, “a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”.
Nueve años después, con la dictadura china afianzada como la gran potencia alternativa a Estados Unidos y Europa debilitada política y económicamente, la Agenda 2030 invade todas las esferas de la vida, convertida en una nueva religión climática que no admite discrepantes y que ha extendido la «cancelación social» como respuesta frente a quienes se atreven siquiera a cuestionarla.

Incoherencia de la UE e ideario globalista ultra
No obstante, la falta de coherencia de la Comisión Europea, que preside Von der Leyen, llega hasta el punto de que ese catecismo verde de nuevo cuño incluye tanto a los países que apuestan, decididamente, por la energía nuclear o el carbón (véanse, Francia, Alemania o Países Bajos) como a los que cierran las centrales nucleares o paralizan la extracción minera (véase, España). Los sumos sacerdotes comunitarios se encargan de que la normativa europea lo aguante todo, permeable a los cambiantes intereses de los países que, verdaderamente, mandan en Bruselas y deciden el destino de los 27 Estados miembros y sus 450 millones de habitantes. Cuando interesa, la Comisión puede defender, simultáneamente, una cosa y la contraria, la transición ecológica y el modelo energético tradicional, la construcción de nuevas centrales nucleares y la puesta en marcha de enormes plantas eólicas y solares sin informe de impacto medioambiental. Bruselas siempre guarda un conejo en la chistera.
Paralelamente, la política comunitaria, que bebe de ese corpus ideológico ultra, creado con ingredientes woke, verdes y globalistas, lleva años aprobando normativas que favorecen el desmantelamiento o precarización del sector agropecuario, como, en su momento, ocurrió con el sector minero y renunciando, del mismo modo, a potenciar sectores estratégicos básicos como el energético, el tecnológico o el automovilístico, entre otros.
En el plano medioambiental, paradójicamente, los responsables comunitarios favorecen la instalación de inmensos campos eólicos y placas solares (con componentes, en este caso, fabricados, fundamentalmente, en China), que devastan, afean y desertizan la llamada España vaciada (con proyectos que ya planean invadir también hasta el suelo marino) convirtiendo en eriales miles de hectáreas de tierra agrícola, antes fértil, y comprometiendo el ecosistema, la biodiversidad y la vida en ese entorno. Una vez invadido el medio natural y urbano, comarcas antes idíicas y pueblos que gozaban de interés patrimonial pasan a ser inhabitables o, cuando menos, a perder la armonía y belleza de que disfrutaban hasta ese momento.
La proliferación de campos de molinos y de placas solares ha dado lugar, incluso, a que algunos ayuntamientos, de tradición agraria y/o industrial, cuenten ahora con unos presupuestos municipales inflados artificialmente gracias a los ingresos fiscales que abonan las compañías energéticas y las empresas intermediarias que viven de la captación de ayudas de Bruselas y de la reventa de la energía eléctrica, aunque ello suponga sacrificar el medioambiente y el patrimonio común.
Las preguntas surgen inevitables. ¿Quién quiere vivir rodeado de esos molinos gigantescos o de esas placas solares que destruyen el equilibrio medioambiental?, ¿qué turismo rural puede surgir alrededor de ese feísmo impuesto a golpe de talonario?, ¿qué bodega o qué explotación agropecuaria puede prosperar bajo el dogal de una economía que agrede al medioambiente que dice defender?, ¿cómo se puede llamar a todo ello transición ecológica, sostenibilidad y economía circular?

“Ingeniería social” y amenaza de colapso
Esta política de ingeniería social, puesta en marcha a gran escala, se ha encontrado con la oposición imprevista de decenas de millones de personas que comienzan a expresar su hartazgo en las urnas y en las calles y, más recientemente, con la resistencia activa de quienes, a diario, llevan la comida a la mesa de los ciudadanos, las mercancías a los supermercados y los carburantes a las estaciones de servicio.
Los promotores de las protestas reclaman a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al ministro de Agricultura, Luis Planas, que “sus promesas se transformen rápidamente en hechos” bajo amenaza de continuar las manifestaciones “todo lo que sea necesario”. La posibilidad de colapso sobrevuela el escenario, aunque el Gobierno, que ha redoblado la presencia policial frente a los manifestantes mientras mantiene bajo mínimos los recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, niega que se vaya a producir desabastecimiento. No obstante, los manifestantes mantienen el desafío de un bloqueo prolongado. “Id haciendo acopio de alimentos y combustible, ya nos hemos hartado”, sostienen.