La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que se autodefine como “la voz del sector eólico en España”, con más de 290 empresas asociadas, ha lanzado, a través del movimiento “Vientos de futuro”, una oferta de 10 rutas turísticas, localizadas en Aragón, Galicia, Navarra, Cataluña. Asturias y Castilla y León, con las que pretende persuadir a la población de que el destrozo paisajístico que provoca la multiplicación de molinos eólicos en la España rural constituye, en realidad, un perfecto modelo de convivencia y sostenibilidad. La Rioja ha sido la primera región que ha decidido legislar para frenar la proliferación incontrolada de proyectos de energías renovables que, desde hace años, suponen una gravísima agresión al medioambiente y al sector vitivinícola, así como una evidente distorsión del entorno natural, pero los promotores del negocio buscan nuevos instrumentos de propaganda para seducir al consumidor. El eslogan de su guía turística es toda una declaración de intenciones. “El viento es un vecino más de nuestros pueblos”.
Y eso es, precisamente, lo que deben pensar los habitantes de La Muela, un pequeño municipio zaragozano de 6.500 habitantes enclavado junto al kilómetro 299 de la A-2, que da la bienvenida al viajero rodeado por un enjambre de gigantescos molinos. Sin duda, esos temibles vecinos, que vigilan el pueblo hasta provocar su asfixia visual, habrían atemorizado al mismísimo Don Quijote si en su deambular por aquellas tierras, hubiese tenido el infortunio de toparse con semejante ejército de mercenarios del viento.
La carta de población del lugar data de 1259, cuando Jaime I el Conquistador otorgó el predio al hidalgo Esteban Gil Tarín, pero hubieron de transcurrir más de siete siglos para que la localidad, bajo el señuelo del dinero fácil, la especulación eólica y el pelotazo urbanístico, se convirtiera en una enorme fosa de corrupción sistémica. Entre 1987 y 2009, con la alcaldesa María Victoria Pinilla convertida en la auténtica reina del cierzo, La Muela multiplicó por cinco su población (de 933 a 4.928 habitantes), se acostumbró a un nivel de vida que no podía sostener y disparó la deuda municipal hasta quebrar las arcas públicas. Durante muchos años, el Ayuntamiento empadronó, sin cesar, a los nuevos vecinos con hélices que, al igual que ocurre con el movimiento “Vientos de futuro”, también prometían la cuadratura del círculo, la convivencia entre la energía eólica y el turismo sostenible y la lucha contra el cambio climático, ese amplísimo cajón de sastre que ha permitido, desde los años ochenta del pasado siglo, perpetrar toda clase de aberraciones contra el entorno natural y urbano, a la sombra de las energías renovables.
La ciudad del viento que acabó en los tribunales
El 26 de diciembre de 2007 las presuntas irregularidades surgidas en torno a la ciudad del viento se trasladaron al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía. La maquinaria policial y judicial se puso en marcha, lenta pero inexorable. Casi nueve años después, el 29 de septiembre de 2016, la Sección I de la Audiencia Provincial de Zaragoza condenaba a 29 de los 40 acusados por el denominado “caso La Muela” a penas que sumaban, en total, casi 100 años de prisión por los 147 delitos imputados, así como a multas por un valor superior a los 44 millones de euros, además de indemnizaciones de diversa cuantía. Posteriormente, el Tribunal Supremo, en 2022 y la propia Audiencia de Zaragoza, en una reciente sentencia, decidieron rebajar las penas impuestas atendiendo a distintas circunstancias personales y procesales.
Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad intenta, desde el año 2023, reducir el número de molinos y el tremendo impacto estético y paisajístico sufrido durante décadas, aprovechando el final de la vida útil de los primeros aerogeneradores que se instalaron en su momento, pero el feísmo aceptado desde hace casi 40 años seguirá acompañando sine die a los vecinos de La Muela, municipio que ejemplifica, cual metáfora atemporal, lo que significa vender la identidad de un pueblo a cambio de dinero. El pacto con el diablo no se deshace tan fácilmente.
Según una información publicada en 2009 por la periodista de RTVE, Ana Marín Plaza, (fecha que coincide con el último año en el Gobierno municipal de la alcaldesa Marivi Pinilla), la localidad recibía, en aquel momento, unos 2.000 euros por cada uno de los 500 molinos de viento instalados, lo que vendría a significar un montante total, cada año, de alrededor de un millón de euros. La sentencia dictada en 2016 ponía de relieve, negro sobre blanco, la huida hacia adelante protagonizada por un entramado criminal político-empresarial que, ciertamente, pareció encontrar su presente y su futuro en el viento… hasta que el vendaval de lodo se lo llevó todo por delante.
España, convertida en escenario de la nueva religión verde
España se ha convertido en un inmenso escenario entregado a una suerte de nueva religión verde que, en muchas ocasiones, ya no exige ni siquiera informes de impacto medioambiental para sacar adelante los proyectos. En resumen, una gran performance promovida con dinero público y una legislación ad hoc, que no sacia su inmenso apetito simplemente en tierra firme, sino que ya avanza, de modo terrible, hacia la ocupación también del espacio marino. No en vano, en 2018, Gran Canaria fue testigo de la instalación del primer aerogenerador de cimentación fija, bautizado con el nombre de Elisa, como si todos los excesos, sean climáticos o energéticos, tuvieran que bautizarse con un nombre propio, preferiblemente femenino, para, de ese modo, humanizarlos y subyugar mejor a los creyentes.
El primer molino aerogenerador de España
Hace poco más de un mes se ha cumplido el 40 aniversario de la instalación del primer molino aerogenerador en España. El 10 de marzo de 1984 la cooperativa Ecotecnia puso en marcha en la localidad gerundense de Vilopriu el primer molino instalado en suelo nacional, un prototipo de 12 metros y tres palas que tenía una potencia de 15 kilowatios, una capacidad de producción simbólica frente a los 30.000 megawatios de potencia eólica instalada, hoy día, en España o, lo que es lo mismo, 30.000.000 de kilowatios, cifra que, probablemente, nadie hubiera imaginado en los albores de la burbuja de las renovables.
El alcance del impacto paisajístico y medioambiental provocado por la constante proliferación de parques de aerogeneración eléctrica (e, igualmente, de espantosas plantas fotovoltaicas) se entiende mejor si se conocen los datos facilitados por la propia Asociación Empresarial Eólica. De acuerdo a esta fuente, la energía eólica es la primera tecnología del sistema eléctrico español, con 250 centros de fabricación situados en 16 de las 17 comunidades autónomas, 1.345 parques eólicos localizados en más de 850 municipios, 22.042 aerogeneradores en funcionamiento y 40.000 personas empleadas. Además, el sector da cobertura al 24% de la demanda eléctrica, con 30.000 Mw de potencia eólica instalada, 61.069 Gw/h de producción y es capaz de eliminar, según la misma fuente, 32 millones de toneladas de CO2 al año.
La respuesta de La Rioja en defensa del paisaje y el sector vitivinícola
Mientras que en toda España y gran parte del resto de la UE, al amparo de la Agenda 2030, se multiplica la instalación de plantas solares y centrales eólicas sin la necesaria planificación ni evaluación de impacto medioambiental, el Gobierno riojano ha dicho basta y ha resuelto actuar en defensa de los intereses generales y del sector vitivinícola. Con esta finalidad, el pasado 24 de enero aprobó la Ley 1/2024 de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje de La Rioja, que permitirá detener la instalación de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica y servirá, asimismo, de antesala a la aprobación de la Ley del paisaje de La Rioja y del Plan Riojano Integrado de Energía y Clima que, actualmente, se encuentra en fase de tramitación.
Asociación Empresarial Eólica
Con casi 300 empresas asociadas, la Asociación Empresarial Eólica, de acuerdo a fuentes internas, “representa a más del 90% del sector en España, que incluye a promotores, fabricantes de aerogeneradores y componentes, asociaciones nacionales y regionales, organizaciones ligadas al sector, abogados y entidades financieras y aseguradoras, entre otros”. “El principal objetivo de AEE”, añaden, “es promover el crecimiento de la energía eólica a través de sus intereses, la investigación, la comunicación y la educación”.
La Asociación ejerce la presidencia y la secretaría técnica de la Plataforma Tecnológica del Sector Eólico (Reoltec) y colabora con el Instituto de Comercio Exterior (Icex) para incrementar la presencia de las empresas españolas en otros países. “Gracias a los diferentes grupos de trabajo de la asociación”, mantienen, “que son la columna vertebral de AEE, se aborda la práctica totalidad de las áreas que afectan a la energía eólica como el medioambiente, la I+D, la regulación o la comunicación sectorial”.
Además de ser miembro de asociaciones internacionales como WindEurope, donde forma parte del Board of Directors,”AEE lidera y participa”, concluyen, “en diferentes proyectos e iniciativas internacionales con el fin de impulsar el desarrollo del sector eólico en España y en otros países”.
Ruta ecoturística promovida por el movimiento “Vientos de futuro”: https://vientosdefuturo.org/guia-de-ecoturismo-eolico/
Página web de la Asociación Empresarial Eólica: https://aeeolica.org/
