La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), que agrupan a más de 60.000 empresas y alrededor de 200.000 vehículos comerciales, han denunciado la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez frente a los ataques, agresiones y saqueos sufridos por miles de camioneros españoles en Francia. Mientras que los profesionales del transporte soportan cada día en la frontera pérdidas millonarias, convertidos en “rehenes” de los piquetes franceses que intentan sitiar París, desafiando al Consejo de Ministros de Emmanuel Macron, las organizaciones agrarias COAG, UPA y Asaja se preparan para extender las protestas también por toda España.

La violencia que sufren los camioneros y el malestar creciente que se extiende por el campo español han coincidido en el tiempo con la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno de coalición (PSOE-Sumar), a cuenta de la Ley de Amnistía, un hecho que ha evidenciado su permanente fragilidad y comprometido la viabilidad de la propia legislatura. El presidente español depende, cada día, no sólo del voto favorable de una amplia constelación de partidos nacionalistas e independentistas para mantenerse en La Moncloa, sino, muy especialmente, de la voluntad de un prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, sobre el que, una vez derogado a la carta el delito de sedición, pesan aún los de desobediencia, malversación, terrorismo (caso Tsunami Democràtic), así como indicios de un delito de alta traición por reunirse, presuntamente, con emisarios del presidente ruso, Vladímir Putin, para financiar el procés.

Como telón de fondo al escenario político nacional, la tremenda agitación social que vive Francia empieza a tener eco en España, donde las tres grandes organizaciones empresariales agrarias han anunciado la convocatoria de movilizaciones, la próxima semana, para luchar contra la “asfixiante burocracia” impuesta por la Unión Europea y la «competencia desleal» que, en su opinión, favorece Bruselas promoviendo acuerdos con terceros países, que no cumplen la normativa exigida a las propias explotaciones europeas. De este modo, COAG, UPA y Asaja se suman a las protestas iniciadas hace algunos días por los agricultores franceses, alemanes, belgas, italianos, rumanos y polacos.

Solidaridad del Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha

La semana pasada, el Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha (COECLM), que preside Milagros Romero, mostró su solidaridad y expresó una enérgica condena ante los ataques protagonizados por agricultores franceses contra camiones de mercancías e intereses de empresas españolas, especialmente de vino y fruta, que desde entonces intentan cruzar los pasos fronterizos del país vecino. El órgano colegial lamentó especialmente el ataque sufrido por Vinos Coloman, la bodega de Pedro Muñoz (Ciudad Real) que perdió una carga de 25.000 litros de vino blanco de uno de sus camiones cisterna en el paso de la Junquera, tras ser atacado por agricultores franceses, al igual que otro camión de Mota del Cuervo (Cuenca), también asaltado y obligado a vaciar su contenido de 20.000 litros.

Inacción del Gobierno español

“¿Dónde está la protesta [del Gobierno español] por las acciones vandálicas que una vez más desarrollan en contra del transporte de mercancías y la seguridad de los conductores españoles?”, se preguntaba Fenadismer, el martes 30 de enero, en un hilo de la red X (antigua Twitter) de su página oficial.  “¿Algo desde Interior, Transportes, Exteriores, Trabajo o La Moncloa? La pasividad no es solo de la gendarmería”, añadía la asociación que agrupa a más de 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte y alrededor de 60.000 vehículos.

Por su parte, la CETM, la organización más representativa  del Comité Nacional de Transporte por Carretera, que dispone de 129.000 vehículos comerciales, emplea a 215.000 trabajadores y factura 9.400 millones de euros al año, ha lamentado, en un comunicado hecho público, que pese a haber pedido “al Gobierno que tomara cartas en el asunto”, no ha tenido “conocimiento alguno de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo español ni los transportistas tampoco han recibido muestras públicas de apoyo ni se han condenado los hechos”.

En el mismo sentido, la asociación Astic, integrada por más de 200 afiliados, entre los que, según fuentes internas, se encuentran algunas de las empresas de transporte más importantes de España por facturación y número de vehículos, ha expresado su profundo descontento ante la ausencia de una respuesta por parte del Gobierno español y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El vicepresidente ejecutivo de la organización, Ramón Valdivia, ha lamentado, a través de un comunicado oficial, la falta de claridad sobre las acciones que el Gobierno español podría estar llevando a cabo para abordar esta situación, al tiempo que ha hecho hincapié en “la ausencia de declaraciones públicas de apoyo y condena hacia los actos de violencia y obstrucción que han afectado a los transportistas, generando una creciente inquietud entre los miembros de la asociación, quienes se sienten desamparados en medio de una situación cada vez más tensa”.

Reunión de Óscar Puente en Bruselas y acusaciones de Gabriel Attal

El martes día 30, cinco días después de que comenzaran las agresiones contra camioneros en Francia, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reunió en Bruselas con la comisaria de Transportes de la UE, Adina Valean, para abordar, entre otras cuestiones, la situación ante los ataques sufridos en suelo francés y las conexiones transfronterizas, sin que, hasta el momento, el Ejecutivo español haya elevado una protesta formal contra el Gobierno del país vecino ni desautorizado al primer ministro Gabriel Attal, quien ha acusado a otros estados miembros de la Unión Europea, en referencia, principalmente, a España e Italia, de realizar una “competencia desleal” contra los agricultores de su país.

Gabriel Attal, nombrado primer ministro el pasado 9 de enero, con tan solo 34 años de edad, declaró el domingo pasado que pondrá en marcha «nuevas medidas» para contrarrestar lo que considera una «competencia desleal» por parte de los agricultores de otros países que venden sus productos en Francia, entre ellos España e Italia. «No es normal que haya países vecinos que usan ciertos productos (fitosanitarios) que vosotros no podéis usar y ellos sí», dijo Attal, dirigiéndose a un grupo de agricultores, durante su visita a Indre-Loire, departamento situado en la región de Centro-Valle de Loira.

Asimismo, Attal afirmó que su Gobierno abordará este asunto en el ámbito europeo, «producto por producto», y dio la razón a la queja de uno de los agricultores, que señaló ante las cámaras de televisión que «es muy hipócrita» importar verduras y frutas de países como España que «están fastidiando todo su ecosistema».

Movilizaciones convocadas por COAG, UPA y Asaja

En medio de este contexto, las organizaciones agrarias COAG, UPA y Asaja han anunciado la convocatoria, a partir de la próxima semana, de un calendario de movilizaciones, en coordinación con sus homólogos europeos, ante la “frustración y malestar crecientes debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE”.

“Los agricultores”, sostienen los convocantes en el comunicado conjunto, “luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España”. “Estas producciones extracomunitarias”, añaden, “no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia, una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”.

Reivindicaciones

Las tres organizaciones agrarias critican que la UE siga “cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE” y reclama, por ello, la paralización de las negociaciones con Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda, además de que se paralicen las conversaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Al margen de ello, exigen al Gobierno de España, con la supervisión de la Comisión Europea, aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas importados de ese país cumplan con las normativas comunitarias y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. “Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, sostienen los convocantes.

Del mismo modo, solicitan “una flexibilización y simplificación de la actual PAC” y denuncian que “la excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental”.
Por otro lado, a nivel nacional, reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las “prácticas desleales” por parte de intermediarios, grandes superficies o supermercados “para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción” y piden, asimismo, que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) aplique “sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y se amplíen sus recursos de control”. Igualmente, solicitan al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, “soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social”.