Un respiro en medio de la tormenta. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha sobreseído provisionalmente la causa que instruía contra las bodegas de la DO Valdepeñas Félix Solís y García Carrión, sus administradores y las entidades certificadores Liec Agroalimentaria y Sohicert SA, por la supuesta comercialización de vinos de crianza, reserva y gran reserva incumpliendo los requisitos exigidos para este tipo de elaboraciones.
La causa ahora archivada se inició en abril de 2021 a raíz de una denuncia de la Fiscalía por delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental contra cuatro bodegas de Valdepeñas y sus administradores, las ya señaladas García Carrión y Félix Solís, además de bodegas Fernando Navarro y Fernando Castro. Para estas dos últimas mercantiles y sus administradores se decretó el sobreseimiento provisional en octubre de 2023, fecha en la que se acordó, asimismo, dirigir el procedimiento contra las entidades certificadoras Sohicert SA y Liec Agroalimentaria SL en calidad de «cooperadoras necesarias».
El juez Calama sostiene en su reciente auto que “el descontrol administrativo y supervisor por parte de todos los operadores del sector (productores y entidades de certificación) y de la propia Administración pública impide determinar con la certeza necesaria requerida en el proceso penal si se han comercializado vinos de calidad inferior a la catalogación indicada en la botella”.
El auto determina que las irregularidades existentes no son delictivas
El auto judicial, según ha informado el diario Murcia Plaza, subraya que tras practicarse numerosas diligencias de investigación (copiosa documentación, declaraciones de investigados y testigos y periciales), “no puede concluirse que las irregularidades existentes en la actividad desplegada por todos y cada uno de estos operadores del sector vinícola constituyan delitos de publicidad engañosa y estafa”.
En cuanto al delito publicitario, el magistrado explica que falta uno de los elementos del tipo penal, como es que la conducta llevada a cabo por los investigados “pueda causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores”, por lo que los hechos no serían susceptibles de integrar esta figura penal.
Por lo que se refiere al delito de estafa, señala que las diligencias de investigación no permiten apreciar la existencia del engaño bastante con la solidez suficiente en orden a proceder al encausamiento de los investigados.
Evidencia del descontrol administrativo y supervisor
La resolución considera, de acuerdo a las mismas fuentes, que las diligencias de investigación, principalmente los informes de la unidad investigadora, la documentación de las distintas empresas distribuidoras de la mercancía en grandes superficies, la documentación administrativa y la aportada por los investigados, así como las declaraciones de investigados y testigos, “evidencian la existencia de un descontrol administrativo y supervisor por parte de todos los operadores del sector, esto es, productores, entidades de certificación, y Administración Pública”.
Ello impide, afirma el instructor, determinar con la certeza necesaria requerida en el proceso penal si se han comercializado vinos de calidad inferior a la catalogación indicada en la botella. “Tal relajación, interesada o no, en la cadena de producción y supervisión por parte de todos los operadores implicados en el sector, incluida la propia Administración Pública, parece haber conducido a un sistema basado en un control meramente aparente o formal más que real, cuya sanción deberá operar, en su caso, en los ámbitos administrativo y/o civil, pues, como expresa el Ministerio Fiscal en su informe, «no podemos sostener una acusación seria en base a suposiciones, por muy firmes que éstas sean”.
Por ello, acuerda el sobreseimiento provisional de la causa “al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito” y ordena se ponga en conocimiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha a los efectos administrativos procedentes.
Declaración ante el juez
Los presidentes y fundadores de García Carrión y Félix Solís declararon ante el juez como investigados en abril de 2024, según ha informado el diario Cinco Días, cuando insistieron en defender el origen de sus vinos. La imputación se acordó unos meses antes, en octubre de 2023, tras recibir un informe la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev), que tardó dos años en elaborarse, para determinar si los litros de vino de denominación de origen Valdepeñas comercializados en los años investigados cumplieron las normas de envejecimiento para llevar un etiquetado concreto.
El instructor citó a los máximos responsables de las dos mayores bodegas de Valdepeñas al ver un descuadre de litros de vino tinto declarados al consejo regulador y los vendidos con las menciones crianza, reserva y gran reserva” entre 2017 y 2019, que le hicieron dudar de la veracidad de la información aunque, finalmente, esa duda no ha resultado suficiente ni debidamente justificada para poder mantener la acusación.
Satisfacción de Félix Solís
La bodega Félix Solís ha emitido un comunicado en el que expresa su satisfacción con el archivo de la causa. «Desde el principio», sostiene, «hemos tenido total confianza en que la situación se iba a resolver de forma satisfactoria”. La nota de prensa manifiesta, igualmente, que la compañía siempre “ha defendido que las declaraciones de aptitud para todas las cantidades de vino producidas para su comercialización se realizaron adecuadamente y conforme a la legislación”. Por último, Félix Solís Avantis reafirma su compromiso con la DO Valdepeñas, señalado como muestra las importantes inversiones que está llevando a cabo durante los últimos años.
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Repercusión en la DO Valdepeñas y decisión de la Consejería de Agricultura
Tras la resolución judicial, otro de los asuntos pendientes de mayor relevancia dentro de la DO Valdepeñas es el referido al funcionamiento de la asociación interprofesional, creada en 2010 y liquidada a mediados de 2021, precisamente por las continuas luchas internas y la guerra civil abierta entre García Carrión y Félix Solís, que acabó en los tribunales entre acusaciones de fraude. Tras la liquidación de la asociación interprofesional, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha se hizo con las riendas de la DO Valdepeñas, con el fin de evitar el colapso y mantener la actividad de una de las marcas de calidad más antiguas de España. Tres años más tarde, una amplia representación de viticultores exigió, el pasado mes de octubre, recuperar el control del organismo para promover su calidad y prestigio y “poner fin al progresivo desmantelamiento del viñedo”. Pero el enfrentamiento entre los dos grandes colosos españoles del vino ha dificultado, hasta el momento, la deseada normalización.
Desde hace meses, los productores de Valdepeñas mantienen reuniones con la Consejería de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha para encontrar una solución definitiva que permita devolver a sus protagonistas el control de la denominación sin el tutelaje del Gobierno regional. No obstante, por el momento, lo más urgente para la propia consejería castellanomanchega, que dirige Julián Martínez Lizán, es decidir si el auto del juez Calama tiene algún tipo de efecto administrativo o, si como es probable, lo entierra definitivamente, dado que la misma resolución judicial cuestiona no sólo el comportamiento de los acusados sino, de igual modo, el “descontrol administrativo y supervisor (…) de la propia Administración pública”.