El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha decidido paralizar temporalmente el Plan Regional de Biometanización 2024-2030, ante el enorme rechazo social suscitado, por temor a ser castigado en las urnas y perder las elecciones autonómicas, tal y como vaticinan algunos sondeos publicados en las últimas semanas. Tan solo dos días después de que 46 colectivos vecinales se manifestaran en Cuenca contra las macrogranjas y los proyectos energéticos por su alto riesgo sanitario y medioambiental, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, manifestó, en declaraciones al ente público de radio y televisión regional, que el Ejecutivo socialista está elaborando un nuevo decreto que establecerá “una paralización de los expedientes para que (los proyectos de plantas de biometano) se puedan adaptar a esta nueva normativa” en un plazo de entre 12 y 24 meses. El plan energético auspiciado desde el Palacio de Fuensalida amenaza, además, con arruinar la imagen del sector agropecuario y vitivinícola regional, un pilar fundamental dentro de su estructura económica.

Dado que la fecha de la convocatoria electoral está prevista el domingo 23 de mayo de 2027, el cálculo político de García-Page busca limitar o eliminar de la agenda informativa el argumento del biometano durante, al menos, un año para, en el caso de ser reelegido, poder reanudar inmediatamente después de los comicios la tramitación de los expedientes. Asimismo, para distraer la atención sobre la trama que une los hilos de la política castellanomanchega con el lobby gasístico y los cazasubvenciones profesionales, el líder socialista está introduciendo en el debate diario declaraciones de alcance nacional con el objetivo de erigirse en cortafuegos frente a la actividad criminal que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, atribuye al PSOE nacional y la presunta corrupción sistémica del Gobierno y su entorno que investigan distintos tribunales de justicia. Con ello, el presidente castellanomanchego pretende mantener la fidelidad de su electorado tradicional y desactivar, simultáneamente, a los colectivos ciudadanos que están protagonizando la mayor contestación social de la historia de Castilla-La Mancha.

Los sondeos ponen nervioso a García-Page

El movimiento táctico del mandatario socialista se ha concretado después de que las empresas NC Report y Sigma Dos hicieran públicos los resultados de dos sondeos divulgados a lo largo del mes de mayo, que pronostican que, en caso de celebrarse elecciones, el PSOE regional obtendría menos diputados que la suma del Partido Popular y VOX, tal y como ha ocurrido, con anterioridad, en las votaciones autonómicas celebradas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

A este respecto, el estudio de NC Report, publicado por Electográfica, concede 15 escaños al PSOE, 13 al PP y 5 a VOX. Por su parte, la encuesta de Sigma Dos, encargada por El Mundo, refleja una horquilla de 15 a 17 diputados para el PSOE frente a los 11-12 del PP y los 5-6 de VOX, con un tamaño muestral de 1.227 entrevistas y un nivel de confianza del 95,5 %.

En ambos casos, la suma de los partidos de centro derecha alcanzaría la mayoría absoluta, que se sitúa en 17 parlamentarios sobre el total de 33 que tienen asiento en el Convento de San Gil. Por el contrario, en las elecciones celebradas el 28 de mayo de 2023, fue el Partido Socialista el que cosechó una ajustada mayoría absoluta, con 17 diputados, por los 12 del Partido Popular y los 4 de VOX.

El ‘gran sultán del biometano‘ 

García-Page, el gran sultán del biometano, sigue empeñado en imponer, de la mano de su consejera Mercedes Gómez, una estrategia energética sobredimensionada y redactada de espaldas a los ciudadanos, que implica un grave riesgo para la salud y el medioambiente, según el informe de sugerencias y alegaciones firmado por el propio jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, Salud Laboral y Laboratorios de Castilla-La Mancha, Fernando Cebrián Gómez, en enero de 2025 a solicitud de la propia administración regional. De hecho, las plantas de biometano ya en funcionamiento en Casasbuenas (Toledo) y Balsa de Ves (Albacete) han arruinado la calidad de vida de sus vecinos, que se ven obligados a emigrar o a padecer, entre otras consecuencias, olores insoportables, dolor de cabeza, vómitos, náuseas, irritación y un aumento notable de la contaminación en sus municipios, según el testimonio hecho público por sus respectivos regidores, el popular Juan Antonio Camuñas y la socialista Natividad Pérez.

El proyecto de gasificación auspiciado por el presidente socialista pretende construir, en una primera fase, entre 80 y 100 macroplantas de biometano para gestionar 15,7 millones de toneladas anuales de desechos, a razón de más de 150.000 toneladas por unidad, en buena medida procedentes del resto de España. Una circunstancia que, de llevarse a cabo, convertiría a la región castellanomenchega en una inmensa “tierra de sacrificio” entregada a la “economía extractiva”, en beneficio de las compañías del sector energético y los cazasubvenciones y en perjuicio del interés público.

No hay que olvidar que Castilla-La Mancha produce más del doble de la energía eléctrica que consume, lo que la coloca como la segunda comunidad autónoma española que más electricidad exporta a la red nacional. La desenfrenada carrera que emprendió hace muchos años para extender por su vasta geografía una amplia red eólica y fotovoltaica ha arruinado una parte de su paisaje a cambio de convertirse en una potencia regional energética. La cuestión, actualmente, parece evidente: si la región ya contribuye al mix energético estatal muy por encima de lo que le correspondería, ¿por qué el Gobierno de Toledo y algunos ayuntamientos concretos quieren seguir privilegiando los intereses particulares en detrimento de los generales?

Escrutinio judicial

Además, tal y como ha revelado la revista Enólogos, a través de la publicación de una veintena de reportajes, la mayoría de los proyectos presentados están claramente sobredimensionados respecto a las necesidades y capacidades reales de las comarcas afectadas, incurren en graves irregularidades y, en algunos casos, se basan  en un sistema de “copia y pega” de expedientes tramitados en otras localidades, como los promovidos por el fondo de inversión Azora en Manzanares, Socuéllamos y Tomelloso. Además de todo ello, la Junta de Comunidades ha tramitado como proyecto “prioritario”, la construcción de una macroplanta de biometano en Caracuel de Calatrava (Ciudad Real), impulsada por ID Energy Group, a través de la empresa Artinita SL, a sólo 1 kilómetro de la Laguna de Caracuel, un paraíso natural de altísimo valor ecológico, catalogado como “microrreserva” por la propia administración autonómica, lo que parece contradecir claramente sus obligaciones de vigilancia o protección. Se trata sólo de algunos de los múltiples ejemplos de la trama del biometano que requerirían un escrutinio judicial para dilucidar sus posibles responsabilidades legales.

El problema del biometano no es el qué sino el cómo

La biometanización es un proceso biológico de digestión anaerobia que transforma los residuos orgánicos agropecuarios e industriales en biogás y digestato dentro de un concepto de desarrollo sostenible. El problema, según algunos expertos, no es el qué sino el cómo. Mientras que en muchos otros países de Europa se ha optado por construir plantas de biogás de dimensiones ajustadas a la realidad socioeconómica de las comunidades que las acogen, en España y en Castilla-La Mancha se ha preferido favorecer, mayoritariamente, un planteamiento excesivo y extractivo que ignora el contexto en el que se desarrolla, buscando maximizar el beneficio en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos. Y, precisamente, esa estrategia basada en convertir una región entera en un «territorio de sacrificio» para reciclar basura de toda España y alimentar las calefacciones del centro y el norte de Europa o, en todo caso, de lugares muy alejados de sus centros de producción, ha destapado la caja de los truenos y desatado la ira social que puede llevarse por delante las expectativas electorales de quienes han contribuido a impulsarla y favorecerla.

Nueve municipios ya han renunciado: quedan cuatro y Valdepeñas duda

En el ámbito de la provincia de Ciudad Real, el rechazo de Daimiel, el pasado mes de febrero, constituyó la séptima renuncia consecutiva comunicada por un alcalde ciudadrealeño desde que el día 15 de noviembre la revista Enólogos publicó la carta satírica Los Reyes Magos del biometano y el Gran Sultán Don Emiliano que siguió al artículo La gran estafa del biometano editado el día 27 de octubre.
A partir de ese momento, la revista líder de información enológica en español ha venido publicando una serie continuada de reportajes de análisis interpretativo que ha corrido en paralelo a las capitulaciones o desistimientos expresados públicamente por parte de los responsables políticos de Membrilla, Manzanares, Herencia, Torralba de Calatrava, Alcázar de San Juan, Argamasilla de Calatrava y, finalmente, Daimiel.

Con anterioridad, se habían distanciado de los proyectos de biometano los regidores de Campo de Criptana y Carrión de Calatrava. A día de hoy, en la provincia de Ciudad Real, sólo los municipios de Tomelloso, Socuéllamos, Llanos del Caudillo y Caracuel se resisten a decir adiós a un planteamiento que ha generado una repulsa social como no se había conocido en 43 años de gobierno autonómico y que pondrá a prueba en los comicios regionales del próximo año a quienes lo han promovido y respaldado por activa o por pasiva.