La resolución del sabotaje perpetrado el pasado 18 de febrero en las instalaciones de Cepa 21, la bodega de la DO Ribera del Duero propiedad del empresario José Moro, parece haber entrado en su capítulo final. Efectivos de la Guardia Civil de Valladolid  detuvieron el jueves 27 de junio en la localidad de Villaescusa de Roa (Burgos), dentro del marco de la Operación Malabripa, a una extrabajadora como presunta autora del derramamiento intencionado de alrededor de 60.000 litros de vino tinto de calidad, con un valor de mercado superior a los 2,5 millones de euros, de acuerdo a la estimación realizada por el afectado. El delito de daños, dependiendo de la gravedad establecida, se castiga con una multa de seis a veinticuatro meses o bien con una pena de prisión de uno a tres años y una multa de doce a veinticuatro meses.

Los miembros del Instituto Armado procedieron el pasado jueves a la detención de la sospechosa y practicaron un registro en su domicilio de la localidad burgalesa. Asimismo, investigaron a su pareja sentimental por su posible implicación en los hechos, aunque el mismo día de su detención decidieron su puesta en libertad, a la espera de que el Juzgado nº 5 de Valladolid, que instruye el procedimiento, ordene nuevas diligencias o fije la fecha de la vista oral.

“Tras un minucioso análisis y con los indicios observados”, sostienen fuentes de la Benemérita, “los investigadores llegaron a la conclusión de que la autoría correspondería a una persona que había sido despedida de la empresa”. “Concretamente”, añaden, “su contrato expiró dos días antes de los hechos, aunque el despido se le había comunicado quince días antes, lo que pudiera haber sido fundamental para la planificación del hecho a la postre cometido”.

Despido y venganza

¿Puede un simple despido laboral provocar una venganza de tal magnitud, una respuesta fría y premeditada que se traduzca en la pérdida irreparable de alrededor de 60.000 litros de vino tinto de calidad, con un valor de mercado valorado en 2.535.385 euros? Ésa es, efectivamente, la conclusión a la que han llegado los investigadores y la hipótesis más probable que, al igual que el propio José Moro, manejaron desde el principio, ya que la acción en ningún caso pareció dirigirse a la obtención de un beneficio material sino, muy específicamente, a provocar un grave quebranto económico.

“La Guardia Civil de Valladolid”, mantienen las mismas fuentes, “se hizo cargo de la investigación y, desde el primer momento, se trabajó con la hipótesis de que la autoría del delito correspondería a una mujer y, más concretamente, a una persona perfectamente conocedora de las instalaciones y muy familiarizada con la maquinaria utilizada en el proceso de obtención del vino, siendo muy probable que se tratara de una trabajadora o extrabajadora, si bien por parte de los instructores de las diligencias se agotaron todas y cada una de las vías de investigación”.

El vídeo

El vídeo captado por las cámaras de seguridad de la bodega, situada en Castrillo de Duero (Valladolid), mostraba en el lapso de tan solo ocho segundos (los que discurrían entre las 03:34:22 y las 03:34:30 de la madrugada del domingo 18 de febrero) a una persona de estatura media o media-baja, enfundada en una especie de buzo de dos piezas que cubría su cabeza y rostro con capucha, además de guantes y zapatillas deportivas, desenvolverse por la escena del crimen con agilidad, ligereza y seguridad, y movimientos que, desde el punto de vista fisiológico, cabría calificar de femeninos. De hecho, el presidente de Cepa 21 se refirió a la persona asaltante, en el programa TardeAR de Ana Rosa Quintana, como a un «encapuchado o encapuchada» que se movía “con mucha fluidez” por las instalaciones de la bodega.

El sabotaje, según reveló el  bodeguero, habría afectado a cisternas que contenían vino de Cepa 21, así como de Malabrigo, del que calculó una pérdida de un tercio de la añada, y de Horcajo, cuya añada de 2023 (con un total de 20.000 litros) habría desaparecido en su totalidad. “Es una pena”, confesaba apesadumbrado José Moro en declaraciones al periodista Juanma Castaño,  de la cadena Cope, “es triste (…) son depósitos de los mejores vinos, un depósito de Horcajo, la añada 23 que no tendremos la suerte ya de poder probar, el depósito entero se ha vaciado, uno de Malabrigo 23, pero ahí por suerte todavía queda algún depósito, y el Cepa 21, también”.

El delito de daños

El delito de daños que, presumiblemente, sería imputable a los hechos ocurridos, se regula en los artículos 263 a 267 del Código Penal español y se produce cuando el sujeto activo causa la destrucción o el menoscabo en una propiedad ajena, que puede ser mueble o inmueble. La consecuencia del daño es la pérdida o disminución de su valor económico, sin tener en cuenta el posible enriquecimiento del autor.

El Código Penal indica, en su artículo 263, que “el que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño”.

Además, “si el delito de daños se produce con dolo», explica el abogado penalista Arturo González Pascual, sin aludir a ningún caso en concreto, «estamos ante un delito de daños intencionales». «En estos supuestos», subraya, «el sujeto activo actúa maliciosamente con consciencia y voluntad de realizar los daños”.

En este sentido, el Código Penal establece una pena de prisión de uno a tres años y una multa de doce a veinticuatro meses para ciertos tipos de daños dolosos, entre los que se incluyen los que “arruinen al perjudicado o le coloquen en grave situación económica”.

De cualquier modo, habrá de ser el Juzgado nº 5 de Valladolid el que determine el alcance y tipificación de los sucesos ocurridos en la madrugada del pasado 18 de febrero en las instalaciones de Cepa 21, una de las bodegas más icónicas de Ribera del Duero que, en la actualidad, intenta dejar atrás lo sucedido para volver a retomar su normal actividad después de los graves daños sufridos.