La Comisión Europea, que preside Ursula Von der Leyen, decidió ayer viernes dar luz verde a la aplicación del acuerdo UE-Mercosur firmado el pasado 17 de enero en Asunción (Paraguay), ignorando al Parlamento Europeo, que en una votación histórica, celebrada sólo cuatro días después, había aprobado remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determinase, antes de su entrada en vigor, si respeta o no la legalidad comunitaria.

Los burócratas de Bruselas han decidido dar la espalda a la ciudadanía y a la voluntad libremente expresada en las urnas y han optado por poner en marcha, de manera unilateral e inmediata, un acuerdo económico que suscita el rechazo mayoritario de los representantes electos y de la mayor parte de las organizaciones agrarias y ganaderas del Viejo Continente.

El proyecto de asociación entre la UE y Mercosur destinado a crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta, busca establecer, según fuentes del Banco de España, «un mercado más integrado comercialmente entre dos regiones que, en conjunto, superan los 770 millones de personas. El acuerdo contempla la eliminación progresiva de los aranceles en más del 90 % del comercio bilateral».

Los detractores del pacto sostienen que el tratado incurre en competencia desleal y representa una bomba de relojería que atenta gravemente contra los productores europeos, sometidos a unos costes y requisitos administrativos que no soportan sus competidores del otro lado del Atlántico. Frente a ello, sus defensores argumentan que abriría nuevas posibilidades económicas y contribuiría a mitigar las tensiones derivadas de la nueva política arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump desde su acceso al Despacho Oval.

¿Por qué la Comisión no espera unos meses para dirimir la legalidad del acuerdo?

El Ejecutivo comunitario puede legalmente aplicar el acuerdo comercial de manera provisional y, de hecho, se ha apresurado a hacerlo esgrimiendo una necesidad urgente y estratégica. No obstante, llama poderosamente la atención que haya decidido seguir adelante en contra de la decisión soberana del Parlamento Europeo y sin conocer aún el dictamen del Alto Tribunal, sobre todo, teniendo en cuenta que el tratado UE-Mercosur ha llegado tras más de 25 años de dilatadas negociaciones. ¿Después de un cuarto de siglo de espera, la Comisión no puede aguardar unos meses para dirimir su legalidad antes de tomar una decisión de tal trascendencia?

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha manifestado que esta medida es “propia de una tiranía” y ha puesto de relieve que se lleva a cabo desdeñando al Parlamento y obviando el criterio de los jueces, que aún tienen que pronunciarse sobre su legalidad o ilegalidad.

Por contra, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, Bernd Lange, ha considerado “correcta” la decisión de seguir adelante con la aplicación provisional de la alianza comercial. “Nos encontramos”, ha declarado, “en una situación excepcional: el Parlamento Europeo solo puede votar después del TJUE, pero el momento de recolectar los beneficios de este acuerdo es ahora, no dentro de meses”.

¿Quién votó a favor y en contra de someter el acuerdo al juicio del Alto Tribunal?

La votación celebrada el miércoles día 21 de enero en la sede parlamentaria europea, que rechazó la aplicación inmediata del acuerdo UE-Mercosur, se saldó con 334 votos a favor de someter el convenio comercial al escrutinio judicial, frente a 324 en contra y 11 abstenciones. Una resolución avalada por un conjunto heterogéneo de formaciones de extrema izquierda, extrema derecha, derecha patriótica y partidos nacionalistas frente a la coalición de populares y socialistas que gobierna en Bruselas y tiene el control de la Comisión.

Un total de 52 eurodiputados españoles participó en la votación, según informó Newtral. Diez de ellos lo hicieron a favor de solicitar al TJUE que evalúe su legalidad, mientras que 42 lo hicieron en contra. Los europarlamentarios de Vox secundaron la iniciativa, al igual que los de Sumar, Estrella Galán y Vicent Marzá (afiliado a Compromís y adscrito al grupo Los Verdes), así como las parlamentarias del BNG y ERC, Ana Miranda y Diana Riba, respectivamente.

Por su parte, los votos en contra de eurodiputados españoles fueron suscritos por el PP, PSOE, PNV y los dos parlamentarios elegidos en la lista de Se Acabó La Fiesta (SALF), Nora Junco y Diego Solier, mientras que el líder de esa formación, Alvise Pérez, que ha manifestado reiteradamente su oposición al tratado, se encontraba ausente del hemiciclo.

Asimismo, no emitieron su voto ni las eurodiputadas podemitas Irene Montero e Isabel Serra, ni Jaume Asens (Comunes) por el lado del Sumar, ni tampoco el representante de Bildu, Pernando Barrena, que se encontraba de baja, pese a que todos ellos han criticado públicamente la aprobación del nuevo acuerdo.

Del mismo modo, el portavoz de Agricultura de Junts en el Congreso de los Diputados, Isidre Gavín, expresó, a mediados de enero, su oposición al tratado de libre comercio y advirtió de que, en su redacción actual, provocará “un grave prejuicio para la agricultura, especialmente para las pequeñas y medianas empresas agrícolas y ganaderas”.

En otros países, como Francia, donde el pacto económico ha suscitado un amplio rechazo social, la votación de sus representantes fue mayoritariamente favorable a la intervención judicial. El propio ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, celebró la decisión de los eurodiputados galos y consideró que la Eurocámara «se expresó en coherencia con la posición» nacional, según informó France24.

La postura de las organizaciones agrarias y empresariales

Las organizaciones agrarias españolas han lamentado, en términos generales, la activación del acuerdo UE-Mercosur. Desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) han calificado como “nueva traición” al sector agroalimentario la decisión del ejecutivo bruselense. “Volvemos a ser moneda de cambio”, han subrayado, “ pero hay que tener una breve esperanza porque esto es simplemente una ratificación eh temporal”.

Desde la Confederación de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) han manifestado que la Comisión Europea hace un “desprecio profundo al Parlamento Europeo y a la posición mayoritaria de los agricultores” y constituye un “atropello democrático” que “se lleva por delante los intereses” de la agricultura.

Por el contrario, fuentes de la Federación de la Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB) han indicado que “dado el inestable escenario internacional, el anuncio llega en un momento oportuno” y han indicado que el acuerdo “es importante para las exportaciones de la industria alimentaria española”.

Por su parte, el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV) mantiene que, en un momento de crecientes desafíos geopolíticos y económicos, “es más importante que nunca que la Unión Europea asegure y diversifique sin demora sus relaciones comerciales con socios de confianza”. “El acuerdo UE-Mercosur”, añade, “tiene el potencial no sólo de mejorar la competitividad de los vinos europeos en el extranjero, sino también de consolidar el papel de la UE como líder mundial en la promoción de la estabilidad y un comercio abierto y basado en normas”.

El pacto Unión Europea-Mercosur salta por los aires tan solo cuatro días después de su firma