La localidad vitivinícola de Pedro Muñoz (Ciudad Real), de 7.585 habitantes, vive en estado de alerta e incredulidad desde hace varias semanas. El comienzo inesperado de las obras para la construcción, dentro de su término municipal, de una descomunal macroplanta de residuos líquidos, del tamaño de 16 campos de fútbol, ha sorprendido a la mayoría de sus vecinos, dado que el alcalde popular Alberto Lara Fonseca no había informado públicamente de ello ni sometido el asunto al pleno.

La iniciativa ha sido promovida por la empresa Ecovalor Soluciones SL, de Campo de Criptana, que tiene como apoderados, de acuerdo a la inscripción efectuada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil  del 22 de noviembre de 2024, a Raquel Pérez Navacerrada y Santiago Lucas-Torres de la Guía, hijo del ex alcalde criptanense del PP, Santiago Lucas-Torres López-Casero, y actual diputado regional popular y vicepresidente segundo de las Cortes regionales.

El proyecto cuenta, desde el  mes de octubre de 2025, con el aval del director general de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha, Tomás Villarrubia Lázaro, quien, en aquel momento, concluyó que el proyecto no tenía “efectos significativos en el medio ambiente» y, por tanto, no necesitaba someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Este hecho ha simplificado considerablemente su tramitación y acortado los plazos para el comienzo de las obras.

La instalación industrial está construyéndose en el denominado paraje Morante sobre una extensión de 115.000 metros cuadrados, y prevé dotarse de dos balsas de almacenamiento de residuos no tratados, al aire libre, de 45.200 y 42.120 metros cúbicos, respectivamente. En caso de llevarse a término, tendría capacidad para gestionar un total de 75.000 toneladas anuales de lixiviado de vertedero, lodos de aguas residuales industriales y licores del tratamiento anaeróbico procedentes de distintas regiones españolas, entre ellas la Comunidad de Madrid, con sus más de siete millones de habitantes. Su exagerado tamaño y la procedencia de los desechos mayoritariamente externa (ajena a Pedro Muñoz y su comarca) han activado las alarmas en el municipio por los riesgos potenciales para la salud y el medioambiente.

LOS 10 PUNTOS CLAVE SOBRE EL PROYECTO QUE ECOVALOR SOLUCIONES SL PROMUEVE EN PEDRO MUÑOZ

A continuación, se desarrollan 10 puntos fundamentales que explican las circunstancias que rodean el proyecto promovido por Ecovalor Soluciones SL en la localidad manchega de Pedro Muñoz.

1) ¿Por qué la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha decidió en octubre del pasado año simplificar la tramitación de un proyecto de tal magnitud y el Ayuntamiento de Pedro Muñoz permitió, el pasado mes de julio, que comenzara el movimiento de tierras con maquinaria pesada sin haber otorgado previamente la preceptiva licencia municipal, según ha denunciado el portavoz del grupo socialista?

El director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia Lázaro, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, decidió, mediante una disposición firmada el 10 de octubre de 2025, que el proyecto, pese a su dimensión y complejidad, se tramitara mediante una mera evaluación de impacto ambiental simplificada, al considerar que la instalación industrial «no parece contemplar afecciones negativas sobre el medio ambiente».

Por su parte, el alcalde Alberto Lara permitió que la empresa promotora comenzara los trabajos de movimiento de tierras en el paraje Morante sin disponer de licencia municipal, según ha denunciado el portavoz socialista y exteniente de alcalde, Carlos Alberto Yuste Izquierdo.

Tanto la resolución del director general de Calidad Ambiental como la opacidad mostrada por el alcalde pedroteño han permitido agilizar el proceso administrativo y reducir sensiblemente los tiempos y controles habituales, adelantando  el comienzo de las obras y dando lugar, de este modo, a una sucesión de hechos consumados. Gracias a ello, la empresa prevé concluir las obras en los primeros meses del próximo año, tal y como ha manifestado públicamente el ingeniero de la misma, Antonio Castro. En caso de que el expediente hubiera seguido el procedimiento ordinario, se habría demorado durante muchos meses exponiéndose a que un hipotético cambio de gobierno en Pedro Muñoz, tras las elecciones de mayo de 2027, pudiera provocar su denegación y archivo.

2) El argumento justificativo de la economía circular no cumple dos requisitos básicos

El proyecto planteado por Ecovalor Soluciones en Pedro Muñoz conculca dos principios básicos de la economía circular que enarbola como  principal argumento justificativo, ya que el origen foráneo (que excede el ámbito de Pedro Muñoz y la comarca) de la mayoría de la materia prima necesaria para su funcionamiento y su desproporcionada dimensión (115.000 metros cuadrados) respecto a las necesidades locales demuestran que no se ha diseñado para atender la demanda real del municipio y los pueblos aledaños sino como reservorio de residuos líquidos y efluentes resultantes de procesos de digestión o descomposición de materia orgánica procedentes de distintas regiones españolas.

La presidenta de la Plataforma STOP Biometano de Pedro Muñoz, Noelia Salido, ha criticado el tamaño de la futura planta, ha puesto en duda su interés para el municipio y ha cuestionado que el proyecto pueda calificarse de economía circular dado que prevé gestionar desechos procedentes de otras comunidades autónomas. De hecho, la legislación estatal de residuos incorpora expresamente el principio de proximidad, lo que está relacionado, asimismo, con el establecimiento de instalaciones industriales de una dimensión proporcionada a la capacidad real que tengan los territorios que las acojan para proveerlas de la materia prima necesaria.

3) La ecuación riesgo-beneficio del proyecto de Ecovalor Soluciones SL cuestiona el interés general del proyecto

El tratamiento de materiales líquidos, como los que se gestionarían en la planta de residuos de Pedro Muñoz, no constituye una actividad inocua. Muy al contrario, puede comportar  graves riesgos, dependiendo del modo en que se implemente la construcción y de los mecanismos de prevención, seguridad y vigilancia que se establezcan. Entre los peligros reales, destacan los malos olores y las patologías asociadas a la emisión de compuestos volátiles, la posibilidad de fugas, filtraciones y accidentes en la instalación con efecto contaminante en los campos de labor y las aguas superficiales o subterráneas, la aparición masiva de plagas de moscas, mosquitos y roedores, la afectación de los productos agroalimentarios que se producen en el municipio, el incremento exponencial del tráfico de camiones y de la siniestralidad consiguiente, el deterioro del estado las carreteras circundantes, la depreciación de los bienes privados y públicos de naturaleza rústica y urbana, especialmente en lo que atañe a las tierras más próximas al complejo, la posible pérdida de habitantes en la localidad, la dificultad añadida para fijar población como consecuencia del efecto disuasorio provocado por todo ello…). Frente a estos riesgos, la empresa promotora y el ayuntamiento defienden las ventajas derivadas de su construcción, con argumentos como la obtención de agua depurada para su reutilización agrícola posterior, la valorización de residuos líquidos industriales, la plantación de cipreses y olivos como medida medioambiental compensatoria, además de los ingresos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y tasas municipales o la contratación de “cuatro o cinco personas”.

4) Si el proyecto es tan positivo y beneficioso como dicen y está exento de riesgos, ¿por qué la empresa Ecovalor Soluciones, de Campo de Criptana, ha decidido no instalarlo en su pueblo y construirlo en la localidad vecina?

La empresa promotora ha destacado, en todo momento, los supuestos beneficios que la macroplanta de residuos implicaría pero, al mismo tiempo, ha decidido alejarla del casco urbano de su pueblo y construirla, en cambio, en la localidad vecina, donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta, a diferencia de Campo de Criptana, que tiene al frente del Consistorio al alcalde socialista Santiago Lázaro López.

El paraje Morante de Pedro Muñoz, en el que Ecovalor Soluciones SL construye la planta de residuos líquidos, es una finca rodeada de viñedos situada, según la información facilitada por la propia empresa, a una distancia de más de 4 kilómetros del casco urbano de Pedro Muñoz (7.585 habitantes), 5,5 kilómetros del núcleo de Arenales de San Gregorio (626 habitantes) y 10 kilómetros del correspondiente a Campo de Criptana (12.868  habitantes).

5) El Gobierno socialista de García-Page establece una moratoria, con un plazo máximo de 24 meses, sobre los expedientes de plantas de biometano pero, simultáneamente, facilita la construcción de una descomunal macroplanta de residuos líquidos potencialmente peligrosa

Resulta paradójico y difícilmente explicable que el Gobierno presidido por Emiliano García-Page haya decidido, recientemente, tramitar un decreto para paralizar, durante un período máximo de 24 meses, los expedientes de construcción de las plantas de biogás y biometano que se tramitan en la comunidad autónoma, argumentando que es necesario ordenar ese modelo productivo por el impacto directo que tiene en el territorio (gestión de residuos ganaderos y agrícolas, consumo de agua, riesgos sanitarios y medioambientales, olores y transporte pesado) y, simultáneamente, haya simplificado los controles sobre una planta de almacenamiento y tratamiento de residuos líquidos de semenjante envergadura. Y ello obviando, además, las necesidades y capacidades objetivas del municipio afectado y condenándolo a convertirse en “tierra de sacrificio”, con la consiguiente pérdida reputacional, especialmente grave en lo relativo a su sector vitivinícola y agroalimentario. ¿Por qué la moratoria que se aplica al biometano no se ha trasladado también a este tipo de instalaciones que son, de igual modo, potencialmente peligrosas?

6) Residuos líquidos con capacidad contaminante junto a campos de viñedos asentados sobre un acuífero en riesgo y a escasos kilómetros de un complejo lagunar de alto valor ecológico catalogado por el Gobierno regional como reserva natural

Como toda La Mancha Alta, el terreno seleccionado para la instalación industrial descansa directamente sobre el histórico sistema hidrológico del Acuífero 23, un mar subterráneo de extrema fragilidad afectado por sobreexplotación cuantitativa con serios focos de contaminación química. En las inmediaciones, a muy escasa distancia, se localiza el río Córcoles, afluente del Záncara, y a pocos kilómetros comienza a divisarse el importante Complejo Lagunar de Pedro Muñoz, que agrupa la Laguna del Pueblo (o de la Vega), la más cercana al casco urbano, así como las del Retamar, Navalafuente y Alcahozo. El ecosistema, desde el punto de vista hidrológico, está conectado también con la Laguna de Manjavacas, localizada en su mayoría dentro del término municipal de Mota del Cuervo (Cuenca).

El complejo lagunar está catalogado por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como Reserva Natural (2002) para proteger legalmente sus 190,8 hectáreas de superficie debido a su alto valor ecológico y geomorfológico. Además, es Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda (1981), integrado dentro de ese gran ecosistema de la Unesco creado para salvaguardar los humedales manchegos de origen endorreico, y forma parte, igualmente, de la Red Natura 2000, clasificado formalmente como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), dada su relevancia crucial para el descanso y nidificación de avifauna migratoria (como el flamenco rosa o la malvasía cabeciblanca).

Este es el singular entorno en el que la vitivinicultura y el sector agropecuario de Pedro Muñoz han crecido desde hace siglos. En la actualidad, las dos grandes cooperativas vinícolas del municipio, Bodegas San Isidro y SAT Coloman, controlan alrededor de 10.000 hectáreas de viñedo, lo que representa una extensión equivalente a la inscrita en el conjunto de la DO Navarra o el doble, por ejemplo, de la superficie acogida a las denominaciones de Toro o Rías Baixas. Asimismo, en 2025, los hermanos Carretero fundaron la bodega Mengano Wines, un nuevo proyecto local de viticultura, enología y gastronomía.

7) ¿Por qué el tamaño de las plantas energéticas que se promueven en Castilla-La Mancha es, generalmente, excesivo y desproporcionado para las necesidades objetivas de los municipios que las acogen? ¿a quién beneficia y a quién perjudica maximizar la rentabilidad a costa de incrementar el riesgo?

Es una evidencia que la mayoría de los proyectos energéticos promovidos en Castilla-La Mancha, tanto los de biometano como, en este caso, el de residuos líquidos proyectado en Pedro Muñoz no están diseñados para adaptarse a la demografía y realidad socioeconómica de los municipios que los acogen, sino que son concebidos como grandes centros de recepción, almacenamiento y tratamiento de la basura generada en toda España. ¿Por qué el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ampara megainfraestructuras que no están pensadas específicamente para la población de la región en lugar de realizar una planificación bien dimensionada y ajustada a sus verdaderas necesidades? ¿a qué actores se beneficia y perjudica maximizando la rentabilidad a costa de incrementar los riesgos potenciales?

8) La estrategia energética defendida por García-Page amenaza con arruinar la legislatura y conducir al presidente socialista al mayor fracaso de su carrera política

El presidente García-Page ha defendido, desde hace años, la aplicación de una estrategia energética en Castilla-La Mancha, favorecida por las directivas comunitarias y las millonarias ayudas concedidas desde Bruselas, completamente desmedida, de la que el Plan Regional de Biometanización 2024-2030, diseñado en colaboración con fondos de inversión, compañías energéticas y cazasubvenciones profesionales, es su principal reclamo.

Su apuesta consistente en inundar la comunidad autónoma con entre 80 y 100 plantas para alcanzar, inicialmente, una capacidad de valorización de materia orgánica vía metanización de 15,7 millones de toneladas anuales ha resultado muy arriesgada tanto política como ecológicamente, ya que la comunidad autónoma no tendría capacidad, por sí misma, para proveer de la materia prima necesaria a las plantas previstas, lo que obligaría a abastecerlas, en gran medida, con desechos del resto del país. Este hecho contradice la economía circular y la sostenibilidad de las que presume, ya que incumpliría los requisitos de proximidad y proporcionalidad.

Para su sorpresa, el sultán del biometano se ha encontrado con la firme oposición de la sociedad civil, que ha constituido plataformas de resistencia por toda la región y alentado el mayor movimiento de protesta que se recuerda en 43 años de autogobierno. La rebelión ciudadana está arruinando la legislatura y abocando al presidente socialista al que podría ser el mayor fracaso de su carrera política.

Ante ese levantamiento popular imprevisto y el riesgo cierto de perder las elecciones, el Gobierno de Castilla-La Mancha decidió, por un lado, someter a una moratoria de hasta 24 meses los múltiples expedientes de instalaciones de biometano que se encontraban en trámite, con el fin de desviar la atención informativa y esperar a que pasara el ciclo electoral y, por otro, aprobó, a mediados del pasado mes de julio, la nueva Ley de Evaluación Ambiental que, en realidad, constituye una nueva huida hacia adelante, ya que delega en los ayuntamientos la decisión de aprobar los proyectos energéticos aunque se reserva la baza de saltarse el veto municipal si considera que constituyen una «inversión estratégica», una «trampa», a juicio de las plataformas STOP Biometano de Castilla-La Mancha, que no descartan llevar ante los tribunales.

9) Escrutinio judicial

Precisamente, la posibilidad de que el plan energético auspiciado por el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible que encabeza Mercedes Gómez, acabe siendo sometido a escrutinio judicial cobra un nuevo interés, a tenor de lo sucedido en Pedro Muñoz. Entre los vecinos está creciendo la sensación de que las administraciones regional y local, por distintos motivos, se han puesto de acuerdo para convertir el municipio en una “tierra de sacrificio” atendiendo a intereses que nada tienen que ver con los de la población, obligándoles a asumir unos riesgos sanitarios, medioambientales y económicos injustificables desde cualquier punto de vista objetivo.

10) ¿Y ahora qué? ¿cabe la posibilidad de paralizar las obras?

Entre las medidas que, en estos momentos, se están valorando, no se descarta la posibilidad de intentar paralizar las obras mediante una acción jurídica. Para ello, sería necesario auditar el expediente ambiental íntegro, no sólo la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental firmada por Tomás Villarrubia Lázaro, sino todos los informes, resoluciones y declaraciones subsiguientes a la presentación del proyecto, con el fin de esclarecer si, legalmente, podía tramitarse o no mediante una evaluación simplificada o si se cometieron actos punibles de cualquier naturaleza.

Al mismo tiempo, en paralelo, existe la posibilidad de interponer una denuncia urbanística solicitando expresamente la suspensión de las obras ejecutadas o que pudieran estar ejecutándose sin título habilitante y, en el mismo sentido, cabe la opción de explorar si se ha producido un acto recurrible y hay base jurídica suficiente para presentar también un recurso administrativo cuando proceda, así como preparar, simultáneamente, un contencioso-administrativo solicitando la suspensión cautelar de las obras.

Se trata, en definitiva, de un proyecto de enormes dimensiones, con una clara vertiente política, cuyas obras, según ha denunciado la oposición municipal, se iniciaron antes de disponer de la obligatoria licencia municipal, que se benefició de una evaluación ambiental simplificada pese a su exagerada dimensión y a implicar riesgos potencialmente peligrosos para la salud y un entorno natural catalogado de alto valor ecológico y que se nutriría mayormente de residuos externos, incumpliendo, de ese modo, dos principios básicos de la economía circular que Ecovalor Soluciones SL hace constar en el proyecto como primera justificación del mismo. Igualmente, la situación exigiría verificar si se ha respetado la necesaria conformidad entre el proyecto evaluado y el que se está ejecutando, así como la competencia y motivación del órgano que concedió la licencia.

Pedro Muñoz, caso abierto.