«There’s a new sheriff in town», dijo en tono desafiante el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, el pasado 14 de febrero, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich ante un auditorio de líderes europeos que escuchaba atónito e incrédulo el discurso. El hombre de confianza de Donald Trump enarbolaba la defensa la libertad de expresión frente a la censura que, a su juicio, ejercen los burócratas de Bruselas contra quienes manifiestan opiniones que cuestionan el catecismo oficial, pero las advertencias de Washington alcanzan a muchos más temas de actualidad: guerras, reparto de los gastos de defensa, fronteras, inmigración… y, por supuesto, aranceles.
Las bodegas españolas contienen el aliento ante la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense. La discreta subida del valor de las exportaciones de vino español hasta el mes de noviembre de 2024 junto al notable descenso del volumen comercializado, alimenta el creciente temor existente en el sector vitivinícola frente a las medidas proteccionistas que la nueva Administración norteamericana está implementando desde su desembarco en la Casa Blanca el pasado 20 de enero.
España aumentó el montante de sus exportaciones de vino un 0,8 % durante los 11 primeros meses de 2024, hasta los 2.743,4 millones euros (+22,4 millones), y redujo el volumen comercializado un 5,4 %, hasta los 1.786,7 millones de litros (-102,3 millones), según la información hecha pública por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE). En condiciones normales, se trataría de una noticia relativamente positiva, sobre todo, considerando el contexto de retroceso generalizado de sus competidores y el descenso que el consumo mundial de vino sufre desde hace años.
No obstante, el sector del vino vive con gran inquietud los efectos que la política arancelaria, comandada por el presidente de EEUU, tendría sobre la economía, en general, y el sector vitivinícola, en particular. Las bodegas son conscientes de que Estados Unidos es el primer destino en valor para los vinos españoles y saben que el endurecimiento de las condiciones de acceso a ese mercado supondría un duro castigo para sus cuentas de resultados. El Gobierno republicano estadounidense no tiene nada específicamente contra el vino español. Se trata, simplemente, de un daño colateral en su batalla para lograr la «reciprocidad» en los intercambios comerciales con los países europeos, a los que acusa, entre otras cuestiones, de gravar los productos estadounidenses con un IVA que, a su juicio, tiene los mismos efectos que los aranceles que tanto denostan.
La tónica predominante
La información contenida en el nuevo Boletín de Información Económica y de Mercados de la OIVE que, recientemente, ha asumido las actividades de seguimiento y análisis de información que, hasta ahora, realizaba el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), muestran que las exportaciones españolas de vino mantienen la tónica predominante durante todo el año 2024: ligera subida del valor y notable disminución del volumen exportado. A este respecto, si se quiere ver la botella medio llena, hay que destacar que España es uno de los pocos grandes países vitivinícolas que evita la contracción, dentro de un mercado frágil que acusa, sobre todo, las campañas de criminalización del vino orquestadas por distintos gobiernos comunitarios e instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las dificultades propias de la economía global, que se ha visto sacudida por graves conflictos bélicos cuando aún no se había recuperado completamente del lastre de la pandemia del coronavirus.
Resultado electoral, programa de gobierno y gasto militar
En medio de este escenario, el resultado de las últimas elecciones en EEUU, con la aplastante victoria de Donald Trump y la mayoría absoluta cosechada por el Partido Republicano tanto en el Congreso como en el Senado, anticipa un cambio de paradigma global con repercusiones en los ámbitos socioeconómico, político y militar, dada la declarada intención del nuevo Ejecutivo de poner coto a la inmigración ilegal, la expansión del fentanilo, el desequilibrio de la balanza comercial estadounidense, las principales guerras del tablero internacional y la herencia de las políticas woke dominantes desde hace más de dos décadas.
Uno de los aspectos clave que subyace detrás de las medidas arancelarias anunciadas por la Administración norteamericana contra algunos países de la Unión Europea reside en la insuficiente contribución que, en su opinión, dedican a los gastos de defensa común. Según datos del Banco Mundial, basados en estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) y el Anuario Armamentos, Desarme y Seguridad Internacional, que abarcan el período 1960-2023, la UE llegó a dedicar un máximo del 4 % de su Producto Interior Bruto (PIB) al capítulo militar en 1963, porcentaje que se desplomó en 2015 hasta un mínimo del 1,3 % para aumentar, de nuevo, hasta el 1,7 % en 2023, muy lejos, en todo caso, de la contribución llevada a cabo por Estados Unidos, que ha pasado de un máximo del 9,4 % en 1967, en plena Guerra Fría, al suelo del 3,1 % en 1999 y al 3,4 % registrado en 2023, es decir, exactamente el doble del esfuerzo que realizan sus socios del Viejo Continente, pese a que el principal conflicto bélico mundial se está desarrollando en el patio trasero de Europa desde principios de 2022.
El gasto militar en España
Por su parte, el gasto de defensa en España, de acuerdo a las mismas fuentes, alcanzó su máximo en 1984, bajo el primer Gobierno del PSOE, liderado por Felipe González, cuando el capítulo militar absorbió el 3 % del PIB, muy por encima del 1,9 % que dedicó el Gobierno del general Francisco Franco en 1967 y del escaso 1,2% con el que concluyó, en 2018, a través de una moción de censura, la legislatura del popular Mariano Rajoy. Desde entonces, con Pedro Sánchez ya en La Moncloa, el gasto militar se ha ido incrementando, año tras año, hasta alcanzar, en 2023, el 1,5 % del PIB, sin contar con el hecho de que el Ejecutivo socialcomunista se ha comprometido a incrementar su contribución al presupuesto de la OTAN hasta el 2 %, tal y como reclama el secretario general del organismo, el neerlandés Mark Rutte.
En este sentido, en la cumbre de la OTAN de 2014 se llegó al acuerdo de que, en 2025, todos los países miembros colaborarían en su mantenimiento con, al menos, el 2 % por ciento de su Producto Interior Bruto. Según fuentes de la alianza militar, a la altura de 2022, España dedicaba el 0,92 % de su riqueza (cifras muy inferiores a las publicadas por el Banco Mundial), la menor aportación, en términos porcentuales, entre los grandes países europeos que, con excepción del Reino Unido (2,13 %), Turquía (1,89 %) y Francia (1,84 %), continuaban lejos de la cifra del 2 %. Este incumplimiento haría, presumiblemente, imposible atender las necesidades del conjunto y obligaría a algunos socios, encabezados por EEUU, a cubrir el agujero financiero provocado por la mayoría de los países europeos y Canadá, un argumento que aumentaría la desconfianza de EEUU, favorecería el enfrentamiento arancelario y habría empujado al Gobierno de Donald Trump, de vocación claramente aislacionista, a intentar forzar el fin de las guerras en Europa y Oriente Medio por la vía de urgencia, primando sus intereses y desoyendo los puntos de vista de todas las partes en conflicto.
De hecho, aún está reciente la espantada protagonizada por EEUU en Afganistán, ordenada por el expresidente Joe Biden en mayo de 2021, tras 20 años de guerra infructuosa, que acabó con cerca de un millón de muertos (más de 15.000 estadounidenses), la mayoría civiles, y la vuelta de los talibanes al poder. «Los estadounidenses no pueden ni deben luchar o morir en una guerra que los afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos», dijo entonces Biden que, primero, defendió su decisión y, después, ante las críticas recibidas, se apresuró a decir que, en realidad, había heredado un acuerdo negociado con los talibanes durante el primer mandato de Donald Trump.
Un auténtico seísmo
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con la inmediata aprobación de decenas de órdenes ejecutivas dirigidas a aplicar, en tiempo récord, su programa electoral en materias tan diversas como inmigración, economía, seguridad, innovación, derechos sociales, medioambiente o política exterior, unida a los aranceles del 10 % que ya penalizan algunos productos de China y del 25 % que prevén gravar determinados bienes y servicios de México y Canadá (sometidos, de momento, a un período de impasse) ha provocado un auténtico seísmo internacional y ha puesto sobre aviso a la UE, que navega entre la indecisión y la división. El ritmo de trabajo del nuevo gabinete de Trump, que ha incorporado como ministro en la sombra al dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk, para conseguir una Administración más eficiente, provoca auténtico vértigo en Europa, donde la pasividad y el reglamentismo dificultan el normal funcionamiento de las instituciones y las empresas. Realmente, ¿quién ha votado a Ursula Von der Leyen?, ¿quién sabe cuál es la política exterior y de defensa europea? ¿cuál es el proyecto económico de una Unión que ha ido abandonado o reduciendo voluntariamente su presencia en algunos sectores estratégicos en las dos últimas décadas (energía, minería, telecomunicaciones, agricultura, investigación, industria automovilística, carrera aeroespacial…), frente al empuje innovador de EEUU y China? ¿quién coge el teléfono en Bruselas? ¿a quién hay que llamar?
El Informe Draghi
El denominado Informe Draghi, dado a conocer el pasado mes de diciembre, ya proponía una estrategia urgente para intentar frenar el progresivo declive económico de la Unión Europea, convertida en una suerte de parque temático esclerotizado y autocomplaciente, cada día más alejada de potencias que apuestan por el talento, las nuevas tecnologías y la competitividad. Las economías de Estados Unidos y China mantienen su dinamismo mientras Alemania, Reino Unido, Francia e Italia se estancan o retroceden. Sólo España, entre los grandes países comunitarios, ha crecido por encima del 3 % en el último año contabilizado, aunque lo ha hecho después de haber sufrido con más virulencia que otros los dramáticos efectos del covid surgido, precisamente, en China, desde donde se propagó al resto del mundo. Es decir, la economía española intenta recuperar ahora el terreno perdido frente a algunos de sus vecinos europeos en los últimos años, sin olvidar que su renta per cápita ha divergido de la media comunitaria durante los últimos 15 años, justo desde que la crisis financiera, de 2008, que se desató en Estados Unidos tras la quiebra de Lehman Brothers, dio paso al estallido de la burbuja inmobiliaria dejando tras de sí un largo reguero de quiebras, desempleo y pobreza.
Evolución del PIB
De igual modo, la economía europea ha perdido fuelle frente a Washington y Pekín desde que comenzó el siglo XXI, como consecuencia de la creciente globalización, que ha catapultado definitivamente a la dictadura china, hasta permitirle superar, en términos absolutos, el PIB de la Zona Euro (integrada por 20 de los 27 países europeos) mientras vislumbra la posibilidad real de aventajar también, a medio plazo, a Estados Unidos. Los datos oficiales del PIB y los ritmos de crecimiento anual de cada bloque así lo constatan. De acuerdo a la información facilitada por la base estadística Datosmacro.com, en 2023, el PIB de EEUU fue de 25.6 billones de euros, por delante de China, con 16,4 billones de euros, y de la Zona Euro, con 14,5 billones de euros.
Frente a ello, en el año 2000, cuando todavía no se percibían en toda su magnitud los efectos de la globalización derivados de las nuevas reglas impuestas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), EEUU sumaba un PIB de 11 billones de euros, por delante de la UE, entonces integrada por 15 países, con 6,5 billones de euros, y China, a gran distancia, con 1,3 billones de euros.
En términos de PIB per cápita, la evolución durante el siglo XXI ha sido muy favorable a los intereses del gigante asiático. Así, mientras que en el año 2000 reflejaba un PIB per cápita de 1.029 euros frente a los 23.200 euros de la UE y los 39.299 euros de EEUU, en el año 2023 ya había multiplicado por 10 sus cifras, alcanzando los 11.647 euros, frente a los 41.610 euros de la Zona Euro y los 73.993 euros de EEUU, un parámetro en el que España se situó en 30.970 euros.
Análisis de la revista Política Exterior
La revista Política Exterior, fundada en 1987 por Darío Valcárcel y editada por la Fundación Análisis de Política Exterior, de carácter privado e independiente, sostiene en un reciente informe que las decisiones de Europa en los últimos años han resaltado sus debilidades en la pugna por el liderazgo mundial. “El menor crecimiento económico europeo”, explica, “sería la consecuencia del fracaso en el intento de liderar alguno de los sectores punteros, de malas decisiones políticas y de su incapacidad para seguir el ritmo de EEUU y China, entre otras cosas, por un marco regulatorio menos flexible. Por el lado positivo, la UE se ha consolidado como la región del bienestar social por excelencia”.
Estados Unidos y Europa han perdido la confianza mutua y han dejado de compartir los mismos intereses. El divorcio es un hecho. Trump y Von der Leyen están en las antípodas ideológicas y mantienen alianzas y prioridades políticas y territoriales incompatibles. Populismo expansionista frente a wokismo y burocracia. En el nuevo (des)orden mundial, Europa se está quedando sin cartas, Rusia y China han doblado la apuesta y EEUU ha asaltado la banca. Y, por ello, el posible arancel al vino es tan solo una pequeña fisura dentro de la gran brecha que parece estar abriéndose paso.
