Los errores detectados en la previsión de la cosecha de 2025, que concluyó con una cifra oficial de 33,28 millones de hectolitros de vino y mosto frente a los 37,5 millones previstos en julio, han llevado este año a la mayoría de las organizaciones agrarias a huir de las predicciones que la realidad puede, luego, desmentir. En 2026, la estrategia ha cambiado y, ahora, los portavoces sectoriales ponen el acento en las dificultades derivadas de las olas de calor, la incertidumbre climatológica y la falta de rentabilidad del viñedo, entre otras cuestiones de actualidad.
Sólo la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se ha saltado el guión general para anticipar que la vendimia de 2026 se saldará con una producción similar o, incluso, inferior a la del pasado año, la segunda más baja del siglo, al tiempo que ha reclamado a la administración medidas urgentes para evitar el abandono de explotaciones vitícolas.
La vendimia 2025 se presentaba con buenas expectativas como consecuencia de las abundantes lluvias primaverales en prácticamente toda España. Sin embargo, los daños ocasionados por el mildiu (especialmente en Andalucía, La Rioja y Castilla y León) y los numerosos pedriscos, cambiaron la perspectiva significativamente. Las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones en agosto acabaron por modificar el escenario, que acabó dando al traste con los primeros augurios y obligando a su corrección e mediados del mes de septiembre.
En cualquier caso, el pasado día 7 de agosto, la UPA publicó un comunicado en el que pronosticó una producción similar o ligeramente inferior a la de 2025, sin obviar la incertidumbre y obligada prudencia que rodean la cosecha vitícola.
La organización ha alertado del inicio de una de las vendimias más tempranas que se recuerdan en España, haciendo especial hincapié en que en numerosas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, la recolección ha comenzado con un adelanto de más de veinte días respecto a las fechas habituales, una situación que atribuye directamente a «los efectos del cambio climático».
Intensas olas de calor
Las intensas olas de calor registradas durante los últimos meses, sostiene la nota de prensa, “han acelerado la maduración de la uva, alterando el calendario tradicional de la vendimia y provocando, además, una importante merma en la producción”.
Esta reducción de la producción coincide, además, con un menor volumen de existencias de vino almacenadas. “Sin embargo”, continúan las mismas fuentes, “esta situación no se está traduciendo en una mejora de los precios que reciben los viticultores”. Desde UPA, se denuncia que las expectativas del mercado siguen siendo muy bajas y que las ofertas que se están planteando continúan sin cubrir los costes de producción, a pesar de que la lógica del mercado apuntaría a una revalorización del producto ante la disminución del vino almacenado.
“La combinación”, sostienen, “de menores cosechas, costes de producción disparados y precios insuficientes está haciendo inviable la actividad de miles de explotaciones familiares», advierten desde la organización. Fertilizantes, combustible, energía y otros insumos han incrementado notablemente los costes en los últimos años, mientras que la rentabilidad del cultivo continúa deteriorándose”.
Como consecuencia de esta falta de rentabilidad, en opinión de la UPA, cada vez más viticultores se ven obligados a abandonar la actividad o arrancar sus viñedos. “Una tendencia”, aseguran, “que se repite campaña tras campaña y que está provocando una preocupante pérdida del potencial productivo del país. Entre 2005 y 2025, España ha perdido más de 200.000 hectáreas de viñedo, una cifra que evidencia el progresivo retroceso de un cultivo estratégico para numerosas comarcas rurales”.
Paquete de medidas urgentes
Ante esta situación, la UPA reclama un paquete de medidas urgentes que permita garantizar la viabilidad del sector vitivinícola.
En este sentido, en primer lugar, exige el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de las bodegas, de forma que los precios pagados a los productores cubran, al menos, los costes efectivos de producción.
Asimismo, la organización solicita la creación de una ayuda específica para el viñedo de secano en el marco de la próxima Política Agraria Común (PAC), reconociendo el importante papel ambiental, económico y social que desempeñan estas explotaciones.
La UPA también propone la puesta en marcha de una línea de «arranque quirúrgico», financiada conjuntamente por el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, destinada a aquellas zonas donde esta medida resulte necesaria para reordenar el potencial productivo sin poner en riesgo el conjunto del sector.
Del mismo modo, reclama ayudas complementarias por parte de las comunidades autónomas que refuercen las aprobadas por el Ministerio para compensar el incremento de los costes de fertilizantes y combustible.
Un cultivo estratégico
La organización recuerda que el viñedo constituye un cultivo estratégico para España, no solo por su peso económico y su capacidad para generar empleo y fijar población en el medio rural, sino también por su función ambiental. “Los viñedos”, indican, “actúan como grandes cortafuegos naturales, contribuyen a la conservación del paisaje y desempeñan un papel esencial en la adaptación del territorio frente al cambio climático”. Por todo ello, la UPA hace un llamamiento a todas las administraciones para que actúen de forma coordinada y decidida antes de que el deterioro económico del sector provoque un abandono irreversible de miles de explotaciones familiares y comprometa el futuro de una de las producciones agrícolas más emblemáticas de España.
