El alcalde popular de Tomelloso, Javier Navarro, ha decidido imponer una multa de 150 euros a los miembros de la plataforma Stop Biometano de la localidad vitivinícola por la pegada de un pequeño cartel informativo en un espacio público mientras respalda y promueve, desde el consistorio que preside, la tramitación de un proyecto, redactado por la gestora de inversión Azora, para la construcción de una macroplanta de biometano de 227.000 toneladas de desechos, que es un ‘copia y pega’ del presentado en Manzanares y Socuéllamos.
“El alcalde de Tomelloso”, sostiene la plataforma vecinal en una nota de prensa, “sigue empeñado en acallar las voces críticas” que se han alzado en el municipio contra el proyecto de la macroplanta de biometano, “impulsada por el grupo especulador Azora”.
El hecho de que el promotor del fondo de capital riesgo haya ignorado por completo la realización de un análisis específico y diferenciado sobre el perfil socioeconómico de los tres municipios citados y se haya limitado a reproducir miméticamente, en la fecha común de junio de 2025, las cinco categorías y porcentajes de residuos requeridos (estiércol, purín de cerdo, gallinaza, suero lácteo y vinazas) demuestra, más allá de toda duda razonable, que el argumento en defensa de la economía circular de proximidad, esgrimido tanto por Azora como por el ayuntamiento que preside Navarro, es rigurosamente falso.
Los proyectos de biometano que Azora promueve en Socuéllamos y Tomelloso son un ‘copia y pega’ del tramitado en Manzanares
Uno de los alcaldes populares que respalda el criticado plan energético del PSOE
El primer edil de Tomelloso es uno de los tres alcaldes populares de la provincia de Ciudad Real, junto a la alcaldesa de Socuéllamos, Concepción Arenas, y el alcalde de Llanos del Caudillo, Andrés Antonio Arroyo, que está respaldando, por la vía de los hechos, el criticado Plan Regional de Biometanización 2024-2030, una iniciativa impulsada por el presidente socialista Emiliano García-Page que ha generado la mayor ola de indignación y contestación social en Castilla-La Mancha a lo largo de 43 años de autogobierno. Un proyecto de generación energética que, tal y como ha demostrado la revista Enólogos, está plagado de irregularidades y presuntas ilegalidades y que, por ello, requeriría el urgente escrutinio judicial para contribuir al esclarecimiento de los hechos y dirimir las eventual imposición de responsabilidades legales.
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La estrategia energética que abandera el gobierno socialista de Castilla-La Mancha, de la mano del lobby gasístico, junto a algunos fondos buitres, cazasubvenciones profesionales y determinados ayuntamientos del PP, algunos de ellos en coalición con VOX, pone en peligro la salud pública y el medioambiente, de acuerdo al informe de sugerencias y alegaciones redactado, en enero de 2025, por el jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, Salud Laboral y Laboratorios de la Consejería de Sanidad, Fernando Cebrián Gómez, y a los casos constatados de las plantas de biometano ya en funcionamiento en Casasbuenas (Toledo) y Balsa de Ves (Albacete), dos municipios en donde el biometano ha arruinado la calidad de vida de sus vecinos, según el testimonio de sus respectivos regidores, el popular Juan Antonio Camuñas y la socialista Natividad Pérez.
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Navarro avala un proyecto irregular de una empresa condenada
Pero el alcalde de Tomelloso, que ha multado a los integrantes del movimiento vecinal por pegar un cartel informativo, no sólo sabe que el proyecto que tramita Azora en su pueblo es un ‘copia y pega’ descarado de los presentados en Manzanares y Socuéllamos, sino que también es consciente de que las empresas Lazora y Nestar, de su propiedad, fueron condenadas por los tribunales, en enero de 2023 y julio de 2025, respectivamente, por imponer cláusulas abusivas a sus inquilinos, dentro de la actividad desarrollada en el ámbito de la gestión de viviendas de alquiler, en el que el grupo está considerado uno de los grandes tenedores de España.
La promotora de las plantas de biometano de Tomelloso, Manzanares y Socuéllamos fue condenada por imponer cláusulas abusivas a sus inquilinos
“El regidor”, continúa el comunicado, “ha multado a los vecinos que integran la plataforma Stop Biometano Tomelloso por la pegada en un poste de un pequeño cartel donde se convocaba a los ciudadanos del municipio a una reunión informativa celebrada el pasado mes de noviembre”.
En una notificación enviada a la plataforma vecinal, el alcalde ha resuelto incoar un procedimiento sancionador, con multa de 150 euros, por un supuesto incumplimiento de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente.
La sanción, sostienen las mismas fuentes, “se suma a otras acciones del equipo de gobierno contra la plataforma, como la negativa sistemática a entregar la información del proyecto registrada en el Ayuntamiento o las trabas impuestas por la Concejalía de Cultura para organizar un acto informativo en el auditorio municipal”.
“Mierda agroindustrial”
Desde el grupo vecinal afean que el alcalde utilice una norma medioambiental para reprimir a los vecinos cuando promueve un proyecto que llenaría el entorno “de mierda agroindustrial y que afectaría gravemente a la salud, el agua y el campo”.
En la misma línea, la plataforma reprocha que Javier Navarro no esté preocupado, a su juicio, “por solucionar los problemas reales del pueblo, carente de un servicio de limpieza eficaz, con calles sin asfaltar y una gestión deficiente; pero sí por multar a los vecinos por pegar un cartel del tamaño de una hoja de papel”.
El movimiento ha presentado alegaciones a la sanción “por su inconsistencia legal, ante la inexistencia de un sujeto sancionable, ya que la plataforma no está constituida formalmente como asociación”. “También”, añaden, “por la falta de identificación de la persona responsable de los hechos, por vulnerar el principio de presunción de inocencia y por no entregar copia de la denuncia en la notificación de la multa”.
La plataforma no cederá a la ‘ley del silencio’
Por último, Stop Biometano Tomelloso afirma que no cederá a las presiones ejercidas por el alcalde y mantiene que “va a continuar hablando de la macroplanta pese a la ley del silencio impuesta por los políticos locales y que no van a poder callar a los cerca de 6.000 ciudadanos que han firmado hasta la fecha contra del proyecto”.
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