Las empresas del biometano han sufrido su quinta baja en la provincia de Ciudad Real en apenas un mes. La alcaldesa socialista de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha declarado que la localidad no genera los residuos necesarios para justificar la construcción de estas instalaciones industriales. “Yo creo”, ha afirmado, “que no hay residuos suficientes que nos obliguen a tener ese tipo de plantas y, por eso, hemos decidido que la instalación no se pueda producir en Alcázar“. La renuncia pública de la primera edil alcazareña deja el Plan Regional de Biometanización 2024-2030 de Castilla-La Mancha, que impulsa Emiliano García-Page, seriamente desacreditado y al borde del colapso.

El programa “Más de Uno» de Onda Cero, dirigido por Marcos Galván, emitió el pasado día 12 de diciembre, dentro del espacio La Mancha Noticias, las declaraciones de Rosa Melchor, que se suma, de este modo, a las renuncias expresadas anteriormente, entre los días 15 de noviembre y 5 de diciembre, por los regidores de Membrilla, Manzanares, Herencia y Torralba de Calatrava, concretadas a partir de que la revista Enólogos comenzó a publicar una serie de artículos y reportajes de denuncia en torno a «la gran estafa del biometano».

Previamente, el alcalde socialista de Valdepeñas, Jesús Martín, firme defensor de esa industria de transformación energética pese al daño reputacional que supondría tanto para su ciudad como para la industria vitivinícola local, decidió dar marcha atrás, al detectar, antes que otros, el evidente desgaste que la polémica podía entrañar en términos electorales. Como consecuencia de ello, en la sesión plenaria celebrada el día 6 de octubre, promovió la suspensión del otorgamiento de licencias para la construcción de plantas biometano en el término municipal, a la espera de una posterior modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM).

Catorce proyectos en la provincia de Ciudad Real

La inesperada y creciente reacción ciudadana, política y mediática, registrada en el corazón de La Mancha, contra las megaplantas de biometano, tramitadas por fondos de inversión y compañías gasísticas, con un claro afán especulativo y sin conocimiento de la realidad socioeconómica local, está provocando una cascada de renuncias políticas y retractaciones públicas sin precedentes que, en la práctica, supone una bomba en la línea de flotación del Plan Regional de Biometanización, impulsado por el Gobierno de García-Page.

La Junta de Comunidades ha seguido un camino errático y cambiante desde que comenzó a promocionar la energía del biometano en la región. El 21 de julio de 2024, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo presidida por el delegado de Fomento, Manuel Martínez López-Alcorocho, informó favorablemente sobre las propuestas de declaración de proyectos prioritarios de dos plantas de producción de biogás en Campo de Criptana y en Socuéllamos.

Tan solo dos días después, el 23 de julio de 2024, la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real anunció un período de información pública, previsto en la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla- La Mancha, con el fin de instalar una planta de biometano en Caracuel de Calatrava. El proyecto, promovido por ID Energy Group, a través de la empresa Artinita SL, tendría capacidad para gestionar 150.000 toneladas de residuos anuales, en la localidad presidida por el socialista Ismael Laguna Fernández, un pequeño municipio de 140 habitantes, de alto valor medioambiental y arqueológico, que carece, absolutamente, de los residuos necesarios para alimentar la fábrica proyectada.

No obstante, el día 25 de septiembre de 2024, tras el período de información pública, la Consejería de Desarrollo Sostenible, que dirige Mercedes Gómez, declaró como proyecto prioritario la planta de Caracuel, después de que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ciudad Real, informara favorablemente sobre el mismo.

Hay que recordar que ID Energy Group, la promotora de esa fábrica, está detrás, también de los proyectos de Llanos del Caudillo, Valdepeñas y Torralba de Calatrava. Se trata de una empresa fundada en Ciudad Real en 2008 por la familia Puebla, dedicada a las energías renovables (fotovoltaica y biometano) dentro y fuera de España, y participada por socios financieros como Pangram Capital y Growth Partners Capital.

Más tarde, en enero de 2025, la Consejería de Desarrollo Sostenible, dio a conocer la tramitación de la autorización de 12 plantas de biometano en la provincia de Ciudad Real, dentro de un total de 46 instalaciones de ese tipo en toda Castilla-La Mancha, con la intención de convertirse en la primera comunidad autónoma en activar un plan regional de biometanización “para establecer un marco común de implantación del sector del biogas-biometano”.

Esas 12 plantas se situaban en las localidades de Llanos del Caudillo, Valdepeñas, Argamasilla de Calatrava, Carrión, Caracuel, Manzanares, Membrilla, Torralba, Campo de Criptana y Socuéllamos. En estas dos últimas, se pretendían construir, sin razón objetiva que lo justificara, dos plantas en cada una, las indicadas en enero de 2025 y las que se habían previsto en julio de 2024. Un ejemplo de que el proyecto nada tenía que ver con la economía circular de proximidad sino, simplemente, con la maximización del beneficio de las grandes promotoras y los fondos de inversión al margen de los verdaderos intereses de los pueblos afectados.

Con posterioridad, se tramitó, asimismo, una segunda instalación de biometano en Manzanares y otra en Tomelloso, concretamente, una macroplanta de copia y pega, promovida por el fondo de inversión Azora, idéntica a las de Manzanares y Socuéllamos.

En total, 14 macroproyectos de biometanización, favorecidos por la Junta de Comunidades y diseñados por empresas gasísticas y gestoras de capital, sin disponer de una legislación específica en vigor (ya que, de hecho, aún se encuentra en tramitación) y sin realizar estudios previos diferenciados para conocer el perfil socioeconómico de esos municipios que, en ningún caso, generan los residuos requeridos por los proyectos en tramitación. Un hecho corroborado por el propio Inventario de Residuos por Actividades de Castilla-La Mancha, editado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, al que ha tenido acceso la revista Enólogos. Por ello, la supuesta necesidad de acometer un plan regional de esta naturaleza, con el señuelo de la sostenibilidad y una pretendida economía circular de proximidad, quedó pronto al descubierto como una falacia indiscutible. Los objetivos son, fundamentalmente, económicos y buscan, sobre todo, favorecer a las compañías promotoras y conceder, simultáneamente, una pedrea para las arcas municipales, con independencia del perjuicio ocasionado a los ciudadanos, como se ha podido comprobar en las plantas que funcionan en Casasbuenas (Toledo) y Balsa de Ves (Albacete).

Campo de Criptana y Carrión de Calatrava, los primeros en oponerse

Frente a la defensa entusiasta de los proyectos de biometanización que exhibieron públicamente los alcaldes de Manzanares y Valdepeñas o las alcaldesas de Torralba y Socuéllamos, la reacción en localidades como Campo de Criptana fue más cautelosa y, al mismo tiempo, la contundente reacción vecinal dibujó, rápidamente, un nuevo escenario. El día 4 de enero de 2025, la Plataforma STOP Biometano Criptana organizó una concentración, frente al Ayuntamiento, para exigir la paralización de macrogranjas y de las dos plantas de biometano previstas, con capacidad para gestionar 54.750 y 205.800 toneladas anuales de residuos, respectivamente, y fomentar, en cambio, el tratamiento local de desechos agrícolas y ganaderos a pequeña escala.

El día 17 de marzo de 2025, el Ayuntamiento de Campo de Criptana, presidido por el alcalde socialista Santiago Lázaro López, informó de que ya se había iniciado el procedimiento de redacción de la modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM) para limitar la instalación de las plantas de biometano en el municipio, con el consenso de los tres grupos políticos con representación, PSOE, PP y Vox.

Por otra parte, el domingo 9 de febrero de 2025, vecinos de Carrión y Torralba de Calatrava, organizados en torno a la Plataforma STOP Biometano, convocaron una multitudinaria protesta para expresar su “total rechazo” frente al megaproyecto declarado como prioritario, a finales de 2024, por el Gobierno regional.

A mediados de abril, el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, presidido por el socialista Dionisio Moreno, denegó la licencia de obras a NortIben Green Energy, la empresa bilbaína que pretendía instalar una planta de biometano a 1,2 kilómetros al oeste de la localidad y a 2,1 kilómetros de Torralba de Calatrava, para gestionar un total de 187.950 toneladas de residuos anuales, en su mayoría procedente de purines de cerdo y  estiércol, una materia prima que el pueblo no genera.

De igual modo, el ayuntamiento carrionero tramitaba, en ese momento, la modificación de las normas urbanísticas subsidiarias, tras su aprobación en el pleno municipal y posterior publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Según el regidor, la modificación de la normativa urbanística era la opción que desde el consistorio se consideraba más plausible para impedir la llegada de la planta, así como de otro tipo de instalaciones, como las macrogranjas, especialmente de porcino, que preocupaban a la población.

El Plan Regional de Biometanización 2024-2030 sea cae en la provincia de Ciudad Real. La mayoría de los vecinos lo repudian y muchos alcaldes reniegan del mismo, bien por puro interés electoral, bien por el convencimiento de que la Junta de Comunidades les ha metido un gol que intuyen que no puede acabar bien. Todavía resisten, entre otros, haciendo frente a un enorme desgaste político por la contestación ciudadana, regidores como los populares Javier Navarro, de Tomelloso, y Andrés Antonio Arroyo, de Llanos del Caudillo, que van a tener que desistir más pronto que tarde o, por el contrario, afrontar un auténtico calvario y una travesía por el desierto de consecuencias sociales y penales imprevisibles. Navarro y Arroyo han emprendido un camino hacia ninguna parte. Su obstinación es cada día más insostenible, habida cuenta de los riesgos demostrados para la salud y el medioambiente y la inconsistencia y dudosa legalidad de los proyectos presentados.

Una nueva derrota política del presidente Emiliano García-Page

Tras el lamentable y controvertido recorrido que está siguiendo el Plan Regional de Biometanización, del que se conocen, cada día, más arbitrariedades, irregularidades e indicios de presuntas ilegalidades, la reciente toma de postura de la alcaldesa de Alcázar de San Juan, una de las grandes ciudades vitivinícolas y queseras del mundo, que alberga, además, la sede del Consejo Regulador de la DO La Mancha, representa una nueva derrota política para el presidente autonómico.

García-Page ve cómo se desmorona, por la vía de los hechos, la estrategia energética de su ejecutivo. Su máxima defensora, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, está siendo desautorizada, semana tras semana, por líderes municipales del PSOE y del PP, que se ven forzados a dar la espalda al biometano debido a la reacción de una sociedad civil que lucha contra el intento de vender al mejor postor el territorio, la salud pública y el medioambiente comunes.

Los desastrosos ejemplos de las plantas de biometano, ya en funcionamiento, de Casasbuenas y Balsa de Ves, que están provocando olores nauseabundos en esas localidades y, consecuentemente, dolores de cabeza, fiebre, insomnio, vómitos y un evidente empeoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, han soliviantado a buena parte de la sociedad castellanomanchega, que exige depurar responsabilidades, detener inmediatamente el plan de la Junta de Comunidades y reparar los daños causados a los damnificados sin más dilación.

Intento de convertir una región en un “territorio de sacrificio”

La consejera  Mercedes Gómez, con el beneplácito del presidente, pretende imponer, de manera acelerada una estrategia de biometanización regional sin transparencia, sin la adecuada dimensión, sin escuchar a la ciudadanía, sin respetar el interés general, sin someter su plan energético al veredicto de las urnas y, lo que es especialmente grave desde los puntos de vista político y legal, al dictado del lobby gasístico, de los fondos de inversión y de los cazasubvenciones.

Y, precisamente, ese intento de convertir una región entera en un “territorio de sacrificio”, mediante la utilización de un sistema voraz de “economía extractiva” para reciclar basura de toda España y alimentar las calefacciones del centro y el norte de Europa o, en todo caso, de lugares muy alejados de sus centros de producción, ha desatado una auténtica ira social.

El propio jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, Salud Laboral y Laboratorios de Castilla-La Mancha, Fernando Cebrián Gómez, emitió durísimas críticas contra el proyecto, en enero de 2025, en las alegaciones y sugerencias presentadas, a solicitud de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Y, desde entonces, más de 13.000 alegaciones de particulares y colectivos se han ido acumulado para expresar una indignación que se ha visto reflejada con el surgimiento imparable de plataformas antibiometano por toda la geografía regional.

El viento está cambiando

El viento está cambiando y los alcaldes que apostaron por el biometano, como caballo ganador, corren seriamente el riesgo de perder la apuesta y ser barridos en las próximas elecciones municipales por los electores. Una posibilidad que permanece intacta pese a las rectificaciones públicas, ya que el repentino cambio de posición adoptado por los regidores se percibe, en muchas ocasiones, como oportunista e interesado y no evita, de ningún modo, la constatación de que quienes debían proteger los intereses generales han trabajado activamente, durante muchos meses, a favor de los intereses particulares, utilizando, además, un secretismo y una opacidad incompatibles con las normas más elementales del funcionamiento democrático.