Las empresas del biometano han sufrido su primera baja en la provincia de Ciudad Real. El proyecto promovido por la compañía Gardenia Power SL (perteneciente a RIC Sun España SL) para la instalación de una planta de biometano en la localidad vitivinícola de Membrilla, con capacidad para procesar 80.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, ha sido rechazada expresamente por el alcalde del municipio, el popular Jorge Navas. “En Membrilla”, ha escrito el regidor en la red social X, “no se pueden poner este tipo de instalaciones porque sus normas subsidiarias no lo permiten y porque su alcalde no quiere”.
Navas ha hecho pública esta declaración inmediatamente después de la publicación en la revista Enologos del artículo «Los Reyes Magos del Biometano y el Gran Sultán Don Emiliano», en el que aparece citado, junto al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el alcalde socialista de Manzanares, Julián Nieva, y su homólogo popular de Llanos del Caudillo, Andrés Antonio Arroyo.
Por su parte, Gardenia Power sostiene en la página 19 del Estudio de Impacto Ambiental, fechado en julio de 2023 (dos meses después de la celebración de las últimas elecciones municipales) y realizado para promover la puesta en marcha de la Planta de Gestión de Residuos y Producción de Gas Renovable Biogardenia Membrilla (Ref. nº: AAI-RIC00012023), que ya «dispone del informe acreditativo de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Membrilla (Ciudad Real)”. En el mismo, asegura la empresa, “se informa favorablemente sobre la compatibilidad urbanística de la planta de energía renovable planteada, conforme evidencia de Certificado de compatibilidad urbanística expedido el 13 de junio de 2023, expediente MEMBRILLA2023/880. Dicho informe de compatibilidad urbanística se adjunta en el Anexo 2”.
Indignación ciudadana con epicentro en Manzanares
El plan destinado a la construcción de cuatro macroplantas de biometano, con capacidad para el tratamiento total de 500.000 toneladas de residuos y la puesta en circulación de más de 60.000 camiones de alto tonelaje anualmente en los municipios de Manzanares, Membrilla y Llanos del Caudillo, ya conocido como El Triángulo de las Basuras, está generando una creciente ola de indignación ciudadana, con epicentro en Manzanares, ante el riesgo que comportaría para la salud y el medioambiente y la falta de transparencia mostrada por el Gobierno de Emiliano García-Page y los ayuntamientos mencionados.
El movimiento de protesta que recorre la provincia de Ciudad Real (la mayor región vitivinícola del mundo), donde ya se tramita la instalación de más de una docena de plantas industriales de esta tipología, claramente sobredimensionadas, que causarían un grave daño reputacional a su imagen y, muy especialmente, a sus bodegas, cooperativas y empresas agroalimentarias, ha surgido en el contexto de una auténtica rebelión nacional que, a las puertas de un año preelectoral, sacude la España rural y amenaza con derribar decenas de gobiernos municipales y autonómicos.
Un documento “vacío e inservible” que despierta sospechas sobre su legalidad
El Ejecutivo de García-Page ha impulsado el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030, sin incluirlo previamente en el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones autonómicas de 2023. Se trata de una estrategia energética con la que aspira a construir hasta 100 macroplantas de biometano “con una capacidad de valorización de materia orgánica, vía metanización, de 15,7 millones de toneladas anuales”, que ha sido contestado muy duramente por el jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, Salud Laboral y Laboratorios de Castilla-La Mancha, Fernando Cebrián Gómez, en las alegaciones y sugerencias fechadas el 16 de enero de 2025, a instancia de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En su escrito, el responsable del servicio de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Sanidad, sostiene que el documento inicial estratégico, hace referencia constantemente al Plan de Biometanización, «sin dar ninguna explicación, convirtiéndose en un mero documento vacío e inservible” y manifiesta que la “justificación de la alternativa elegida” se sustancia en apenas siete renglones, por lo que, a su juicio, “está sin definir”. Y lo más grave es que concluye poniendo en duda la legalidad de la opción seleccionada. «Se sospecha”, declara, “que se ha elegido la alternativa seleccionada antes de redactar el documento».
La documentación del proyecto «omite el impacto sobre la salud de los ciudadanos»
Por otro lado, el jefe de Sanidad Ambiental destaca que la documentación del «proyecto de decreto» por el que se aprueba el Plan de Biometanización no incluye “las afecciones o condiciones relativas a la salud de las personas» y “omite el impacto sobre la salud de los ciudadanos”. Rebate, además, la consideración de que las plantas de biometano vayan “a suponer más beneficios que costes”, algo que considera un «aspecto totalmente subjetivo» lo que significa que, desde su punto de vista, la Administración autonómica, en ese caso, tampoco ha objetivado su valoración.
Al mismo tiempo, alude a que «además del riesgo de contaminación de los acuíferos, no se detalla el riesgo de escape de gases contaminantes a la atmósfera, como el metano, sulfídrico y amoníaco, entre otros, gases que provocan irritaciones respiratorias, enfermedades pulmonares y otros daños».
«Una distancia del digerido de 250 metros a captaciones de agua supone un riesgo absoluto»
Igualmente, Cebrián Gómez indica que «disponer de una distancia del digerido de 250 metros a captaciones de agua subterránea o superficial, así como el resto de las distancias a otras zonas, supone un riesgo absoluto».
Muchas de las alegaciones contenidas en el escrito de Cebrián contra el Plan Regional de Biometanización, revelan una serie de carencias y omisiones injustificables e impropias de una Administración regional. «Se supedita», dice, «la instalación de una planta al cumplimiento de normativa urbanística, sin tener en cuenta que hay municipios que no cuentan con planes de ordenación municipal».
«Se establecen», continúa, «distancias de las plantas con respecto a núcleos urbanos, no teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes ni otros factores como velocidad y procedencia del viento y condiciones climatológicas como la nubosidad y lluvia».
«Distancias de 2.000 metros a límite de suelo urbano totalmente insuficientes»
«En cuanto a las distancias de 2.000 metros a límite de suelo urbano, son totalmente insuficientes. Mucho más cuando se trata de los ‘casos excepcionales’ en los que se establece una ‘distancia de 1.000 metros'». «Por cierto», subraya, «no se especifican cuáles son estos casos excepcionales».
Por lo que se refiere a la actividad hostelera, mantiene que «la distancia de 250 metros a actividades de restauración y hoteleras, significaría la condena de estas actividades».
«El Plan de Comunicación Social es evaluado por los propios promotores de la planta»
Asimismo, Cebrián Gómez considera que “no es lógico” que el Plan de Comunicación Social asociado al Plan de Biometanización «sea evaluado por los propios promotores de la planta». «Debería ser la propia Administración», reflexiona, «quien evalúe los planes de comunicación». Este punto deja en evidencia la dejación de funciones del Gobierno de García-Page frente a las empresas gasísticas, ya que el firmante de las alegaciones desvela que la Administración regional ha cedido la evaluación de la estrategia de comunicación a las empresas interesadas en vez de hacerse cargo directamente de esa responsabilidad en defensa del interés general.
Lea íntegro el Informe de alegaciones y sugerencias al Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030, firmado por el jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, Salud Laboral y Laboratorios de Castilla-La Mancha, Fernando Cebrián Gómez, con fecha del 16 de enero de 2021
A merced de los intereses empresariales
Paralelamente, en el resto de España se promueven proyectos similares, algunos ya instalados (generalmente, con gran rechazo por parte de los vecinos afectados) y el resto, en tramitación, con el objetivo de inundar el país de estas instalaciones energéticas, a la sombra de las subvenciones otorgadas por la Unión Europea dentro de la estrategia de descarbonización incluida en la denominada Agenda 2030. Una iniciativa que cada país desarrolla según los intereses de las empresas gasísticas y de las regiones y municipios implicados, sin tener en cuenta, necesariamente, a la población afectada y sin que Bruselas haya establecido, con anterioridad, criterios homogéneos efectivos de control, calidad ni tamaño, lo que convierte a muchas localidades rurales en «objeto de deseo» de grandes compañías y fondos buitre que buscan la complicidad de sus alcaldes, frecuentemente de espaldas a la población, para conseguir imponer una política de hechos consumados y obtener el máximo beneficio posible. A cambio de promesas económicas y de discursos manidos sobre la sostenibilidad, economía circular, energías renovables, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hurtan la información a los ciudadanos, minimizan sus efectos contaminantes y los riesgos existentes para la salud y el medioambiente y buscan asegurarse derechos de explotación durante décadas que, en la práctica, dejan a los pueblos a merced de los intereses empresariales.
Casasbuenas y Balsa de Ves, dos de los ejemplos más sangrantes
Uno de los ejemplos más sangrantes de lo que, verdaderamente, están significando las plantas de biometano en Castilla-La Mancha se localiza en Casasbuenas (Toledo), una pequeña localidad de 193 habitantes, cuyo alcalde, el popular Juan Antonio Camuñas Medina, se negó a autorizar la construcción de una instalación de este tipo en el término municipal, pese a que, según ha revelado, la compañía interesada intentó «comprarle». De todos modos, actualmente, los vecinos del municipio toledano tienen que soportar, a menos de dos kilómetros de distancia de sus casas, los problemas derivados de la planta de biometano que, finalmente, se construyó en la vecina localidad de Noez, entonces gobernada por el socialista José Antonio Ruiz Cerdeño. La actividad de la planta, que prometía la generación de una energía saludable y ecológica, ha dado lugar, en apenas unos meses, a una denuncia en la Fiscalía por parte del Ayuntamiento y a más de 200 denuncias presentadas por los afectados (más que habitantes tiene el municipio) además de un número indeterminado de consultas médicas, debido, explica el regidor, al olor insoportable que se desprende de la actividad de la fábrica instalada en Noez (cuyo casco urbano está a unos cinco kilómetros de la planta de gestión de residuos, o sea, a mayor distancia que el núcleo del municipio más directamente perjudicado). Con el fin de enriquecerse, Noez ha empujado a una situación insostenible a Casasbuenas, debido a la dejadez de una Administración permisiva, sino cómplice, con las empresas de biometano. Teniendo en cuenta esta situación, el alcalde Juan Antonio Camuñas busca, en estos momentos, los recursos necesarios para contratar asistencia jurídica especializada, dada la indefensión que su pueblo sufre frente a la empresa gasistica y el Gobierno regional que debería protegerle.
Residuos del País Vasco
Un caso similar tiene lugar en Balsa de Ves, localidad albaceteña de 124 habitantes, donde Natividad Pérez, la misma alcaldesa socialista que, en 2006, seducida por los beneficios prometidos por las empresas promotoras, autorizó la construcción de una granja de cerdos y, posteriormente, de una planta de biogás, es, hoy día, la primera activista contra este tipo de instalaciones. Tal y como explica, las compañías llegaron al municipio con la promesa de fijar población, generar empleo y producir una energía limpia y se han convertido, muy al contrario, en su principal preocupación.
Tras generar malos olores con los cerdos, le ofrecieron solucionar el problema con el biogás, asegurándole que obtendrían energía renovable, inodora y ecológica para el tratamiento de 15.000 toneladas de purines y 3.500 toneladas más de restos hortofrutícolas del entorno. El engaño, rememora la alcaldesa convertida ya en líder antibiometano, se consumó pronto. “A los pocos meses de estar funcionando la planta de biogás”, comenta, “aparece en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha una corrección de errores para las plantas de Balsa de Ves, Chinchilla y Bonete, otras dos plantas de biogás que hay en la provincia de Albacete, que dice que en vez de 3.500 toneladas de residuos hortofrutícolas, debe decir 26.000 toneladas de cualquier tipo de residuo industrial». La operación estaba consumada y la trampa legalizada. “Van a aquellos pueblos”, añade Natividad Pérez, “donde no hay un tejido social importante que les pueda hacer presión”. Confiesa que ni la empresa ni la Junta de Comunidades les ha querido nunca decir de dónde vienen los residuos que tratan en su pueblo y que sólo, después de 10 años, han descubierto que algunos proceden del País Vasco. “Es decir”, se pregunta irónicamente, “¿eso es economía circular?”
Los habitantes de Balsa de Ves tienen que soportar, hoy día, los purines de la granja de cerdos, el tráfico de camiones pesados y un hedor nauseabundo, con los consiguientes riesgos para la salud y el medioambiente. Esa es la realidad de la Agenda 2030 en algunos pueblos de Castilla-La Mancha. Arruinados y humillados.
Los políticos del biometano ya han sacado la calculadora
Mientras decenas de municipios de Castilla-La Mancha y del resto de España se organizan en torno a plataformas ciudadanas para intentar detener las permanentes agresiones que sufren, o que pueden llegar a sufrir en el futuro, muchos responsables políticos ya han empezado a sacar la calculadora y a hacer cuentas para decidir, tranquilamente desde sus despachos, si el riesgo que están asumiendo merece la pena o, si por el contrario, ha llegado el momento de desmarcarse de la estrategia del biometano para intentar detener la sangría de votos que les podría desalojar del poder autonómico o municipal dentro de apenas un año y medio.
Los comicios de mayo de 2027 dictarán sentencia… si los planes de biometanización no acaban, antes, en los tribunales.
Acceda al Estudio de Impacto Ambiental realizado para la puesta en marcha de la Planta de Gestión de Residuos y Producción de Gas Renovable Biogardenia Membrilla (Ref. nº: AAI-RIC00012023)
