La marea del movimiento ciudadano contra las plantas de biometano sigue creciendo y amenaza con desestabilizar al Gobierno de Castilla-La Mancha. Esta misma mañana, representantes vecinales de plataformas ciudadanas STOP Biometano de la comunidad autónoma, han abordado en la calle, al presidente regional, Emiliano García-Page, para que les escuche y detenga su Plan Regional de Biometanización 2024-2030.
La iniciativa política, tal y como está planteada, constituye una seria amenaza para la salud pública y el medioambiente, según ha puesto de manifiesto el jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, Salud Laboral y Laboratorios de Castilla-La Mancha, Fernando Cebrián Gómez, en su documento de alegaciones y sugerencias emitido en enero de 2025, a requerimiento de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
El encuentro de los integrantes de las plataformas con García-Page, que se ha prolongado por espacio de más de 10 minutos, ha tenido lugar en Carrión de Calatrava (Ciudad Real), hasta donde el presidente autonómico se había desplazado para asistir a la inauguración del Centro de Interpretación del Vino, en compañía, entre otros, de su vicepresidente segundo José Manuel Caballero Serrano, y de la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández Morena.
Rafael Ruiz de Lira, representante de la Asociación S. Alba Futura, ha expuesto sus argumentos al presidente socialista, al que ha solicitado una reunión formal en Toledo y le ha entregado una carta, en la que los remitentes le solicitan «que haga uso de su autoridad y de todos los medios a su alcance, como presidente de Castilla-La Mancha, para detener este modelo de crecimiento agroenergético contaminante, insalubre e injusto». Un modelo que abandera la controvertida consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez Rodríguez, cada día más contestada, dentro y fuera del PSOE, como responsable directa del escándalo del biometano.
«Queremos una conversación», ha dicho el portavoz ciudadano dirigiéndose a García-Page, «que tenga parte ambiental, parte sanitaria y, sobre todo, parte política y social. A nosotros nos interesa que se escuche a los pueblos, en definitiva, la Junta defiende y representa a los pueblos, así que, por favor, atienda la petición y léase la carta y vea cómo nos responde». «No hay problema ninguno» ha contestado sonriente y conciliador el mandatario socialista».
Un plan que ha despertado la ira ciudadana
El Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030, que el Gobierno de García-Page pretende imponer sin haberlo incluido, previamente, en el programa electoral con el que concurrió a las últimas elecciones autonómicas, ha provocado una reacción ciudadana espontánea en toda la comunidad autónoma, como no había ocurrido nunca en 43 años de autogobierno.
En estos momentos, en todos y cada uno de los municipios castellanomanchegos donde se pretenden construir este tipo de macroplantas -en su mayoría, sobredimensionadas y ajenas a su realidad socioeconómica- han surgido grupos de resistencia vecinal, sin más adscripción que la defensa de la salud pública y el territorio. En general, se han constituido como plataformas dispuestas a enfrentarse a la coalición que el gobierno regional y algunos alcaldes, del PSOE y del PP (en Tomelloso, con el respaldo de la concejal de VOX), han conformado junto al lobby energético, algunos fondos de inversión y cazasubvenciones profesionales para sacar adelante sus planes, casi siempre de espaldas a la ciudadanía, y en coordinación con líderes cooperativos, agrarios y empresariales, que han dado su apoyo por intereses económicos y por su dependencia directa de las ayudas públicas. Su pretensión consiste en sacar adelante el plan de biometanización, de manera acelerada, evitando, de ese modo, tener que someterlo al veredicto popular en las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo de 2027.
En definitiva, una política de hechos consumados que no está consiguiendo su objetivo sino que, muy al contrario, está desbordando al propio Ejecutivo autonómico, provocando una verdadera quiebra social en Castilla-La Mancha y generando una situación política inédita y de consecuencias impredecibles.
