Rebelión en el Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real) contra las plantas de biometano. La oposición política, integrada por ocho ediles socialistas y María José Beteta, la exconcejal de VOX y exresponsable de Medio Ambiente que abandonó el equipo de Gobierno a mediados de 2025 dejándolo en minoría, han unido sus fuerzas para intentar cerrar la puerta a las plantas de biometano en la localidad.
En la sesión plenaria celebrada el pasado miércoles, los nueve concejales de la oposición sacaron adelante una moción, con la abstención del equipo de gobierno integrado por cinco concejales del PP y tres de VOX, que obligará al Ayuntamiento a solicitar un informe técnico independiente para justificar los efectos negativos que tendrían en el municipio vitivinícola las dos megafábricas proyectadas.
Las elecciones municipales de 2023 dieron lugar a un pacto de gobierno entre el PP y VOX que sumaron sus nueve escaños frente a los ocho obtenidos por el PSOE, pero la renuncia de María José Beteta, materializada el 17 de julio de 2025, provocó un terremoto político que la convirtió en árbitro de los designios municipales. Ahora, con el biometano en el epicentro de la polémica, el seísmo ha registrado una nueva réplica y Beteta ha decidido hacer valer su posición para contribuir a desbaratar los proyectos industriales que amenazan la calidad de vida del municipio manchego de 12.172 habitantes.
Un rechazo ciudadano sin precedentes
El Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030, que impulsa el presidente socialista Emiliano García-Page con la consejera de Medio Ambiente, Mercedes Gómez, como fiel escudera, no sólo ha suscitado un rechazo ciudadano sin precedentes en 43 años de autogobierno, con más de 13.000 alegaciones, sino que está consiguiendo hacer extraños compañeros de cama.

En este sentido, Socuéllamos sólo es un ejemplo más que evidencia la indignación social que ha estallado ante el intento de imponer un plan energético, basado en la opacidad y la falta de transparencia, que busca convertir la comunidad autónoma en una “tierra de sacrificio” mediante una “economía extractiva” absolutamente desproporcionada, a sabiendas del peligro potencial que supone para la salud pública y el medioambiente, según lo declarado por la propia Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades.
La estrategia del ejecutivo de García-Page se basa en la tramitación de proyectos plagados de irregularidades, muchos de ellos de copia y pega, al dictado del lobby gasístico, fondos buitres y cazasubvenciones, que se está ejecutando antes siquiera de haber aprobado la correspondiente norma legal, sin haberla incluido, previamente, en el programa electoral y, en definitiva, de espaldas a la ciudadanía a la que dice representar.
Esquizofrenia política regional
El hecho de que la moción presentada en el pleno municipal de Socuéllamos tuviera como promotor, precisamente, al grupo municipal del PSOE, del mismo partido político que el presidente García-Page, con el aval de una exconcejal de VOX, y como destinatario el equipo de gobierno formado por los ediles populares y los del partido de derecha patriótica, pone de relieve la esquizofrenia en la que se ha instalado la política regional por culpa de la trama del biometano, una red que se extiende con su insoportable y contaminante hedor por toda la geografía regional.

Paradójicamente, en la provincia de Ciudad Real, los escasos apoyos que aún mantiene el Plan de Biometanización de García-Page los está proporcionando el Partido Popular. Concretamente, los ayuntamientos de Tomelloso, Socuéllamos y Llanos del Caudillo, los dos primeros gobernados en coalición por el PP y VOX, y el tercero, por el PP en solitario.
Distinto es el caso de Caracuel, un pueblo de 140 habitantes presidido por el PSOE sin oposición, donde la Junta de Comunidades hace y deshace a su antojo e impulsa, con carácter prioritario, desde finales de 2024, una megaplanta de biometano, presuntamente ilegal. El proyecto está localizado a un kilómetro de una microrreserva natural declarada como tal por un decreto de la propia administración regional, que debería proteger no sólo la zona perimetrada sino también su área de influencia.
Ocho localidades ya han dicho “no” al biometano mientras Valdepeñas deshoja la margarita
Existen otras ocho localidades en la provincia de Ciudad Real cuyos alcaldes o alcaldesas ya han dicho “no” a las plantas de biometano. Seis gobernadas por el PSOE (Campo de Criptana, Carrión de Calatrava, Manzanares, Herencia, Alcázar de San Juan y Argamasilla de Calatrava) y dos lideradas por el Partido Popular (Membrilla y Torralba de Calatrava).
Asimismo, el alcalde socialista de Valdepeñas, Jesús Martín, que cumplirá en 2027 un total de 24 años en el cargo, continúa deshojando la margarita y jugando a dos barajas ante la opinión pública. De hecho, aunque ha implementado el cambio de las normas urbanísticas para evitar su momentánea tramitación, se ha mostrado, en cambio, en reiteradas ocasiones, partidario de su instalación. Y todo ello pese a que el biometano supondría un auténtico misil en la línea de flotación del sector vitivinícola local. La DO Valdepeñas, muy debilitada después de años de continuas guerras internas, sufriría un tremendo daño reputacional si la megafábrica proyectada, a menos de dos kilómetros del casco urbano, saliera adelante.

No en vano, otras denominaciones de origen de prestigio acreditado como Rioja, Ribera del Duero o Toro se han apresurado a expresar su rechazo frontal ante la hipotética construcción de este tipo de infraestructuras en su territorio, sabedoras de que la pestilencia contaminante que emiten es incompatible con la calidad e imagen exigible en una comarca vitivinícola que aspire a hacerse respetar entre los consumidores y los prescriptores de dentro y fuera de España.
Las distintas posturas expresadas en el pleno
Por lo que se refiere estrictamente al desarrollo de la sesión plenaria celebrada el pasado miércoles en el consistorio socuellamino, la portavoz socialista, Vanessa Sáez, manifestó que el objetivo de la moción era dar “un paso más para impedir la implantación de este tipo de plantas”, cuyos expedientes, dijo, “sabemos que están en trámite”. Según añadió, la moción complementaría la modificación de las normas subsidiarias ya aprobada por el ayuntamiento. “Consideramos muy importante”, sostuvo, “dar todos los pasos necesarios, no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se resuelven esas alegaciones para la modificación de normas subsidiarias”.
Igualmente, la exedil de VOX y exresponsable de Medio Ambiente, María José Beteta, que, en julio de 2025 declaró que abandonaba su cargo debido a «la falta de transparencia por parte de los líderes del equipo de gobierno», subrayó que se trata de un informe “muy importante” para “poder archivar el tema de las plantas” y pidió al PP que apoye la voluntad mayoritaria expresada por los vecinos en contra de estas instalaciones.

Por su parte, la alcaldesa Concepción Arenas, cuya postura ha evolucionado, a lo largo de los meses, desde la defensa firme de las plantas de biometano a la ambigüedad y la indefinición, pidió a la oposición «actuar con más rigor y no ofrecer propuestas falseadas con fines partidistas». «Este Ayuntamiento», señaló, «no se encuentra de brazos cruzados para limitar las plantas de biometano”.
Asimismo, la portavoz municipal del Partido Popular, Alba López, justificó la abstención de su grupo, arguyendo que han trabajado “de forma transparente para poner freno a este conflicto social”. “El Ayuntamiento”, dijo, “no ha estado de brazos cruzados, llevamos un año trabajando en este tema de la mano de un arquitecto para elaborar un informe y modificar las normas subsidiarias, que se aprobó en pleno”. En su opinión, se trataría del paso legal “que pide el gobierno regional para paralizar su implantación”.
De la misma manera, el portavoz de Vox, José Luis Romero del Hombrebueno, consideró «innecesaria» la moción y requirió al PSOE local definir su discurso, ya que, desde su punto de vista, «no concuerda con el de otras instituciones socialistas». «En el sentido político», añadió, «exprese su disconformidad con las políticas de su jefe, Emiliano García-Page, que está impulsando, a través de su consejera de Desarrollo Sostenible, el Plan de Biometanización buscando regular la instalación de plantas».
