Los proyectos promovidos por el fondo de inversión Azora para la construcción de dos macroplantas de biometano en las localidades vitivinícolas de Tomelloso y Socuéllamos son un copia y pega del tramitado en Manzanares y reproducen, con absoluta exactitud, la misma proporción y tipología de residuos hasta sumar, en cada uno de ellos, 227.000 toneladas anuales, sin incorporar ningún análisis individualizado de las localidades referidas.

El hecho de que el promotor haya ignorado por completo la realización de un análisis específico y diferenciado sobre el perfil socioeconómico de los tres municipios y se haya limitado a reproducir miméticamente, en la fecha común de junio de 2025, las cinco categorías y porcentajes de residuos requeridos (estiércol, purín de cerdo, gallinaza, suero lácteo y vinazas) demuestra, más allá de toda duda razonable, que el argumento en defensa de la economía circular de proximidad, esgrimido tanto por Azora como por los tres ayuntamientos afectados, es rigurosamente falso.

La estrategia basada en la sobredimensión energética que impulsa el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por medio del Plan Regional de Biometanización 2024-2030, pone en peligro la salud pública y el medioambiente, de acuerdo al informe de sugerencias y alegaciones redactado, en enero de 2025, por el jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, Salud Laboral y Laboratorios de la Consejería de Sanidad, Fernando Cebrián Gómez, y a los casos constatados de las plantas de biometano ya en funcionamiento en Casasbuenas (Toledo) y Balsa de Ves (Albacete). En esos dos municipios castellanomanchegos la instalación de este tipo de energía ha provocado una catarata de quejas y denuncias vecinales debido a los desagradables olores registrados y a la sintomatología asociada en forma de náuseas, insomnio, vómitos y dolores de cabeza.

Pese a las evidencias que se han ido acumulando, la Administración regional no ha solucionado los problemas en Casasbuenas y Balsa de Ves y, por otro lado, ha permitido, simultáneamente, la tramitación de los proyectos en decenas de ayuntamientos aunque el plan de biometanización permanezca en período de información pública y alegaciones.

En ese contexto, el Grupo Azora ha dado curso a sus informes de impacto ambiental en Manzanares y Socuéllamos y a su proyecto básico en Tomelloso, mediante un simple procedimiento de copia y pega, carente de cualquier descripción individualizada de carácter poblacional, social, empresarial y energético, sin que la Junta de Comunidades lo haya advertido o intervenido.

Navarro, Nieva y Arenas no han acreditado sus afirmaciones

El alcalde popular de Tomelloso, Javier Navarro, el alcalde y senador socialista de Manzanares, Julián Nieva, y la regidora popular de Socuéllamos, Conchi Arenas, han defendido, desde hace meses, la construcción de esas instalaciones gasísticas con la premisa de que sus municipios generan más residuos que los demandados por el promotor, lo que, a su juicio, se traduciría en una economía circular de proximidad que permitiría dar respuesta a las necesidades de reciclaje de las empresas locales y cumplir. asimismo, con los objetivos de desarrollo sostenible que propugna la Unión Europea.

Pues bien, lo cierto es que Azora no ha estudiado específicamente ninguna de las localidades indicadas y, consecuentemente, no ha acreditado ni su realidad empresarial, ni su capacidad de generación de sustratos, ni la tipología y proporción de los mismos.

Y, por su parte, los regidores de Tomelloso, Manzanares y Socuéllamos tampoco han demostrado, hasta el momento, con documentos verificados, que sus localidades generen realmente los residuos que demanda el fondo de inversión. El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, llegó a declarar, en el pleno municipal celebrado el pasado 24 de noviembre, que no iba a facilitar las pruebas a este respecto que le solicitaba la portavoz del PP, Rebeca Sánchez-Maroto, porque “como dirían los periodistas, las fuentes son sagradas con la Constitución en la mano”. Una sorprendente muestra de escapismo político sin más finalidad que evitar someterse al control democrático de la oposición municipal.

La realidad es que existe un Inventario de Residuos por Actividades de la Junta de Comunidades, al que ha tenido acceso la revista Enólogos, que detalla los sustratos generados por cada una de las localidades de la región, divididos en seis epígrafes que reflejan con exactitud sus cantidades anuales de desechos. Se trata de una información oficial, de interés general y de acceso público y, en ningún caso, atribuible a una fuente periodística que haya que preservar, confidencialmente, para garantizar su privacidad o seguridad, en contra de la evasiva utilizada por el alcalde manzanareño.

El citado inventario, editado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, evidencia que ni Manzanares, ni Tomelloso ni Socuéllamos generan la tipología, cantidad y proporción de residuos demandados específicamente por las plantas de biometano diseñadas por Azora, a través de la empresa Enerth. Ni una sola de las tres localidades alcanza la cifra de sustratos exigida, ni tan siquiera incluyendo los restos agrícolas de podas, que constituyen una materia prima excluida de las categorías descritas en los proyectos, ya que, en términos generales, las empresas promotoras prefieren transformar estiércol, purín de cerdo o gallinaza, procedente de cualquier lugar de España, debido a que resulta mucho más eficiente, económica y energéticamente, para la obtención del biometano.

El proyecto original de Azora que desmonta el castillo de naipes municipal

El fondo Azora Capital, creado en 2003 por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, es un gigante que emplea a más de 600 profesionales y administra 14.600 millones de euros en activos bajo gestión, con presencia en Europa, América, Asia y Oriente Medio, de acuerdo a fuentes internas. Su presupuesto supera, de hecho, al de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, en 2026, ascenderá a la cantidad de 12.903 millones de euros.

El fondo Azora es un recién llegado al campo del biometano, una oportunidad de negocio que ha incorporado a su área de infraestructuras y soluciones energéticas, sumándola, de ese modo, al resto de sus inversiones en los ámbitos residencial, hostelero e inmobiliario. Como corresponde a la naturaleza de una gestora de capital, Azora busca optimizar sus inversiones «con un récord de retornos excepcionales» para lo que está especializada en «anticipar megatendencias futuras», como es el caso del biometano, un subsector regado abundantemente con multimillonarias subvenciones y ayudas públicas procedentes de la Unión Europea. Ese importante estímulo económico ha sido esencial para favorecer una carrera acelerada, en la que participan muchas administraciones regionales y locales de toda España y, muy especialmente, de Castilla-La Mancha, con el objetivo de captar recursos públicos, sin apenas control y sin reflejo alguno en los programas electorales con los que los partidos políticos concurrieron a las últimas elecciones autonómicas y municipales de 2023. Y todo ello de la mano del lobby gasístico y los fondos de inversión, generalmente de espaldas a los ciudadanos y al margen de las necesidades objetivas de sus territorios y municipios.

¿Cómo empezó todo?

Por lo que respecta a los proyectos tramitados en la provincia de Ciudad Real, la idea de Azora, inicialmente, consistía en construir una planta en Manzanares para gestionar, simplemente, 145.000 toneladas de estiércol vacuno, caballar y ovino, purín de cerdo, gallinaza y suero lácteo, tal y como consta en el proyecto de julio de 2024, que la gestora de inversión, con delegaciones en Madrid y Miami, había presentado por medio de la sociedad Queimada Investments (actual Enerth).

No obstante, la incongruencia entre la realidad socioeconómica de Manzanares, con gran presencia de la industria vitivinícola, y las pretensiones de Azora, así como la inadmisible omisión del grupo de vinazas en el primer proyecto de julio de 2024, obligaron a la promotora a ampliar el estudio de impacto en junio de 2025, para incorporar, entonces sí, los residuos derivados de la principal actividad industrial del municipio. Pero el fondo de inversión no se conformó con asignar las 29.868 toneladas de vinazas que el inventario de residuos oficial de Castilla-La Mancha atribuye a Manzanares sino que decidió triplicar holgadamente esa cifra hasta las 105.000 toneladas para crear una de las megaplantas más sobredimensionadas de España, en una superficie de 102.215 metros cuadrados, equivalente a la extensión de 10 campos de fútbol con graderío.

Paralelamente, tramitó la construcción de otras dos plantas de biometano en Tomelloso y Socuéllamos, con la misma fecha de junio de 2025, replicando con exactitud las mismas cantidades, proporciones y tipologías de sustratos definidos en la planta de Manzanares. Una operación de copia y pega que no tiene en cuenta, en absoluto, las capacidades y necesidades reales de ninguno de los tres municipios.

Los alcaldes, entre la espada y la pared

En estos momentos, los regidores de Manzanares, Socuéllamos y Tomelloso se encuentran entre la espada y la pared. Hasta la fecha, el primero que ha decidido desmarcarse de este tipo de proyectos gasísticos y, más concretamente, del promovido por Azora, ha sido el alcalde Julián Nieva, quien el pasado 21 de noviembre anunció, en una comparecencia pública, tras constatar la ola de indignación ciudadana y la creciente presión política y mediática, que “el Ayuntamiento de Manzanares no va a tramitar ninguna planta de biometano en el término municipal”.

Por su parte, la alcaldesa Conchi Arenas compareció en rueda de prensa el día 12 de junio, junto al teniente de alcalde, José Luis Romero del Hombrebueno, para pedir “tranquilidad y confianza a los vecinos”, un día después de que alrededor de  2.000 vecinos salieran a las calles de Socuéllamos para protestar contra la implantación de dos plantas de biometano en la localidad. Arenas intentó esquivar, además, su responsabilidad directa en el conflicto, derivando la responsabilidad hacia el Gobierno de Castilla-La Mancha, al indicar que “estas plantas vienen auspiciadas por la Junta de Comunidades, una de ellas con carácter prioritario”. Han pasado casi seis meses desde entonces y los vecinos aún no saben, a ciencia cierta, qué decisión va a adoptar la alcaldesa Arenas.

Finalmente, el acalde de Tomelloso, Javier Navarro, que gobierna en coalición con VOX, cuya portavoz es Elena Villahermosa, ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que «la planta de biometano no traerá nada de fuera», ya que, según sostiene, «Tomelloso genera suficientes residuos». Asimismo, el regidor popular ha subrayado, al igual que su homóloga de Socuéllamos, que la decisión final corresponde al Gobierno autonómico, no al Ayuntamiento. Un argumento que ha negado categóricamente la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, quien ha devuelto la pelota al tejado de Navarro, aseverando que la planta de biometano de Tomelloso sólo se construirá “si el alcalde quiere”. Del mismo modo, la delegada ha desmentido que el Gobierno de García-Page haya declarado prioritario el proyecto, a diferencia de lo manifestado por el primer edil de la ciudad.

Javier Navarro queda así en una situación muy comprometida y sin más margen de maniobra que renunciar al proyecto del biometano en Tomelloso o asumir sus posibles consecuencias legales, sociales y electorales.