Las empresas Lazora y Nestar, propiedad del Grupo Azora, el fondo de inversión que promueve las macroplantas de biometano de Tomelloso, Manzanares y Socuéllamos, fueron condenadas en enero de 2023 y julio de 2025, respectivamente, por imponer cláusulas abusivas a sus inquilinos, dentro de la actividad desarrollada en el ámbito de la gestión de viviendas de alquiler.

Al margen de su trayectoria dentro del negocio inmobiliario, donde Grupo Azora está considerado uno de los grandes tenedores de viviendas de arrendamiento de toda España, su aterrizaje en el sector del biometano no ha estado, de ningún modo, exento de polémica.

De hecho, el fondo de inversión ha utilizado un simple mecanismo de copia y pega para establecer los residuos anuales requeridos en los tres proyectos que promueve, a través de la empresa Enerth, en esas localidades manchegas, situadas en el corazón de la mayor región vitivinícola del mundo. Un sistema que replica las mismas tipologías y proporciones de materia prima en los tres municipios (purines de cerdo, estiércol, gallinaza, lactosuero y vinazas) sin haber realizado, previamente, un análisis socioeconómico diferenciado atendiendo a las características y necesidades de cada uno de ellos. Es decir, Azora aplica, en realidad, la antítesis de la economía circular de proximidad que las autoridades regionales y municipales, y el propio fondo de inversión, han esgrimido reiteradamente para justificar su instalación.

Azora es un recién llegado al campo del biometano

El fondo Azora es un recién llegado al campo del biometano, una oportunidad de negocio que ha incorporado a su área de infraestructuras y soluciones energéticas, sumándola, de ese modo, al resto de sus inversiones tradicionales en los ámbitos residencial, hostelero e inmobiliario (commercial real estate). La gestora de capital, con sedes en Madrid y Miami y un total de 14.600 millones de euros en activos bajo gestión, según fuentes internas, busca optimizar sus inversiones “con un récord de retornos excepcionales” para lo que está especializada en “anticipar megatendencias futuras”.

Una de esas potenciales oportunidades de negocio que augura grandes beneficios es el creciente negocio del biometano, que se nutre, en gran medida, de subvenciones y ayudas públicas otorgadas por la Unión Europea, a la sombra de la Agenda 2030, las políticas de sostenibilidad y el señuelo de una supuesta economía circular de kilómetro cero. Para ello, las administraciones regionales, empezando por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, se ha adelantado al resto impulsando el Plan Regional de Biometanización 2024-2030, que favorece, en muchos casos, una economía de tipo “extractivo” que convierte en “territorios de sacrificio” pueblos y comarcas de la España rural, generalmente, con baja densidad de población y una sociedad civil débil y desorganizada.

Dos sentencias condenatorias por “abusividad”

Por lo que respecta a la gestión de viviendas de alquiler, Azora acredita una dilatada trayectoria. En 2003, el fondo de inversión creó la plataforma Lazora para arrendar miles de viviendas en toda España. Veinte años después, en 2023, decidió rebautizarla con el nombre de Nestar, cuando ya había perdido su primer juicio por la “abusividad” impuesta en muchas de las cláusulas de sus contratos. En los últimos años, su controvertido modo de entender la relación contractual con los inquilinos y la gestión de viviendas se ha saldado con dos sentencias condenatorias.

La primera, relativa a una demanda individual, fue dictada por un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, el 9 de enero de 2023, y anuló nueve de las diez cláusulas del contrato al considerarlas abusivas, fraudulentas y contrarias a la ley y a los derechos de los arrendatarios. Entre ellas, destacaba la denominada ‘bonificación de la renta,’ que permitía al arrendador imponer, al término de los tres primeros años de contrato, una subida desproporcionada del precio mensual, desvinculándolo del IPC oficial, con el objetivo de forzar al arrendatario a abandonar la vivienda o bien a aceptar el exagerado incremento unilateral. «Con lo cual», sostiene la sentencia, «la finalidad conseguida por el arrendador, persona jurídica, es o recibir una renta con un incremento en más 200 euros al mes, que contraviene la ley, o bien consigue no respetar el periodo mínimo de vigencia de 7 años, motivando al arrendatario a abandonar la vivienda a los 3 años, ante la subida abismal de renta».

La segunda resolución judicial, dictada por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid y dada a conoce el 16 de julio de 2025, en relación a la demanda interpuesta por un grupo de arrendatarios del barrio de Vallecas, ha tenido gran trascendencia jurídica, ya que se trata de la primera vez que un grupo de personas, organizado en torno al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, consigue un fallo favorable a sus intereses tras demandar colectivamente a su casero. La defensa de los demandantes fue asumida por el equipo jurídico del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), especializado en Derecho a la Vivienda y arrendamientos urbanos. La sentencia declara abusivas seis de las siete cláusulas impugnadas en los contratos de alquiler de un bloque de viviendas, donde residían 28 familias.

Entre las cláusulas anuladas se encontraba la obligación de asumir íntegramente el coste del seguro de impago, que ya había sido declarada nula en otro fallo de una demanda individual. La declaración de nulidad supuso la devolución al grupo de familias litigantes de más de 20.000 euros en concepto de seguros cobrados indebidamente por Nestar-Azora. Otras de las cláusulas anuladas fueron las penalizaciones desproporcionadas por retrasos en la entrega de la vivienda, el derecho unilateral del arrendador a inspeccionar la casa sin autorización y diversas imposiciones que limitaban los derechos de los inquilinos.

Javier Navarro, Julián Nieva y Conchi Arenas aún no han dado explicaciones

En este contexto, el apoyo que han mostrado a los proyectos gasísticos de Azora el alcalde popular de Tomelloso, Javier Navarro, y su homóloga de Socuéllamos, Conchi Arenas, -así como, hasta el pasado 21 de noviembre, el senador y alcalde socialista de Manzanares, Julián Nieva,- choca frontalmente con el más elemental sentido de la prudencia y entra de lleno en el capítulo de la temeridad. Hay que tener en cuenta, además, que las plataformas STOP biometano constituidas en esas localidades y la asociación Ecologistas en Acción, entre otros colectivos y particulares, vienen acusando, desde hace meses, a los alcaldes de ocultamiento y falta de transparencia y advirtiendo del serio riesgo que la construcción de las plantas de biometano implicaría para la salud pública y el medioambiente. Muy especialmente tras los casos fehacientes ya registrados en los municipios de Casasbuenas (Toledo) y Balsa de Ves (Albacete), donde se acumulan las quejas y denuncias vecinales por los perjuicios ocasionados, y tras conocer las durísimas críticas emitidas, en forma de alegaciones y sugerencias, por el propio jefe de Servicio de Sanidad Ambiental de Castilla-La Mancha, Fernando Cebrián Gómez, contra el Plan Regional de Biometanización.

Siete días después de que la revista Enólogos publicara la noticia, el alcalde de Tomelloso aún no ha aclarado si, cuando defendía la macroplanta de biometano en su ciudad -que afectaría también, y muy especialmente, a los vecinos de Arenales de San Gregorio y Pedro Muñoz-, sabía que se trataba de un copia y pega de los proyectos tramitados en Socuéllamos y Manzanares. Igualmente, el primer edil tomellosero tampoco ha explicado, todavía, si está informado de que la gestora de inversión, a través de Lazora y Nestar, ha sido condenada en juzgados de Madrid y Barcelona, por imponer cláusulas abusivas en los contratos de alquiler firmados con sus inquilinos dentro de la actividad que desarrolla como arrendador de viviendas.

Preguntas dirigidas al alcalde de Tomelloso

En el último pleno municipal celebrado en Tomelloso, el pasado día 19 de noviembre, la portavoz de la Plataforma STOP Biometano de la localidad, Nuria Moraga, exigió al alcalde Navarro que expusiera con claridad su postura frente a la controvertida planta de biometano. «¿Está nuestro alcalde”, sostuvo, “dispuesto a manifestar, en este pleno, de manera clara y sin ambigüedades, si apoya o no la instalación de la macroplanta de biometano en el término municipal de Tomelloso, asumiendo las consecuencias políticas y jurídicas?».

https://www.facebook.com/reel/1556145335719276 (enlace a la intervención de Nuria Moraga, portavoz de la Plataforma STOP Biometano de Tomelloso)

Asimismo, Eva María Violero, representante de la Plataforma STOP Biometano de Arenales de San Gregorio, dirigió al primer edil una cuestión que resonó con fuerza en el salón de plenos municipal y provocó los aplausos de parte del público asistente. «¿De verdad los residuos de la macroplanta”, inquirió, “valen más que la vida de 600 vecinos de Arenales?». Hay que recordar que Arenales de San Gregorio, una pequeña localidad de sólo 617 habitantes, estaría más expuesta que ninguna al peligro de la instalación industrial, dado que la fábrica se localizaría a 15 kilómetros de Tomelloso pero a tan sólo cinco kilómetros del municipio arenalero.

https://www.facebook.com/reel/783872501369541 (enlace a la intervención de Eva María Violero, portavoz de la Plataforma STOP Biometano  de Arenales de San Gregorio)

El alcalde de Manzanares y la alcaldesa de Socuéllamos, en el mismo caso

En el mismo caso se encuentran el alcalde de Manzanares y la regidora de Socuéllamos, que no se han pronunciado, hasta el momento, sobre las principales sombras, irregularidades y presuntas ilegalidades que planean en torno a los proyectos de Azora y han optado por el mutismo y la opacidad pese a que están obligados a dar explicaciones en razón de su cargo.

La irrupción de distintos fondos de inversión sin los debidos controles legales

La irrupción de distintos fondos de inversión y grandes empresas energéticas en la provincia de Ciudad Real y el resto de Castilla-La Mancha, sin establecer los debidos controles legales, al calor del Plan Regional de Biometanización 2024-2030, impulsado por Emiliano García-Page y su consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, pone de manifiesto, con total claridad, los riesgos que corren los ciudadanos cuando los ayuntamientos y el gobierno autonómico se ponen al servicio de intereses especulativos y actúan de espaldas a la población. Y lo hacen, además, desdeñando los desastres provocados en la región por plantas de biometano ya en funcionamiento, impidiendo la organización de consultas populares, negándose a solicitar informes técnicos independientes, desoyendo las advertencias de la Consejería de Sanidad, ignorando las sentencias judiciales e intentando aprobar, por la puerta de atrás, aquello que ni siquiera incluyeron en los programas electorales con los que concurrieron a las últimas elecciones municipales.