La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page, tramita, actualmente, como proyecto «prioritario», la construcción de una macroplanta de biometano en Caracuel de Calatrava (Ciudad Real), promovida por ID Energy Group, a través de la empresa Artinita SL, a sólo 1 kilómetro de la Laguna de Caracuel, un paraíso natural de altísimo valor ecológico, catalogado como “microrreserva” por la propia administración autonómica.
El expediente administrativo, que fue declarado “prioritario” en el mes de noviembre de 2024 por la Consejería de Desarrollo Sostenible, se encuentra, en estos momentos, en fase de “petición de información complementaria» y afecta de lleno a un entorno de origen volcánico de gran interés medioambiental, que goza de protección legal específica y disfruta de destacados hitos botánicos, faunísticos, patrimoniales y arqueológicos.
Un pueblo gobernado por el PSOE sin oposición
La localidad de Caracuel de Calatrava, de 140 habitantes, está presidida por alcalde socialista Ismael Laguna Fernández, que obtuvo los cinco concejales en disputa en las pasadas elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023. Caracuel fue uno de los seis pueblos de la provincia de Ciudad Real, en los que el PSOE concurrió a las urnas en solitario, dado que ni el Partido Popular ni ninguna otra formación política presentó una candidatura alternativa. Una circunstancia que se reprodujo, también, en Anchuras, Valdemanco del Esteras, Solana del Pino, Ballesteros de Calatrava y Valenzuela de Calatrava. Hasta el momento, el primer edil de Caracuel no ha realizado manifestaciones públicas respecto a las implicaciones medioambientales y legales que se podrían derivar, para todos los implicados, de la tramitación del expediente y de la posible construcción de la megaplanta proyectada. El Ejecutivo de García-Page ha elegido, para acelerar la iniciativa y poder darle prioridad, un municipio despoblado y gobernado por su propio partido sin oposición alguna.
La promotora ciudadrrealeña ID Energy Group, responsable del proyecto, ubicado a 3,6 kilómetros del núcleo urbano de la localidad caracoleña, tramita, igualmente, proyectos similares en Llanos del Caudillo, Valdepeñas y Torralba de Calatrava, todos ellos sobredimensionados, localizados a escasa distancia de las viviendas de los vecinos y diseñados sin atender a las necesidades reales de los municipios afectados.
El decreto que otorgó “atención preferente” a la microrreserva de Caracuel
La microrreserva de la Laguna de Caracuel fue incluida en la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, mediante un decreto firmado el 13 de mayo de 2003 por el entonces presidente regional, José Bono Martínez, y el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso Núñez, con la finalidad, según consta en su artículo 2, de “establecer el marco normativo preciso para otorgar una atención preferente a la conservación de los valores ecológicos, geológicos, estéticos, educativos y científicos de la citada zona”.
El lugar declarado como microrreserva, incluido también dentro de la Red Natura 2000, ocupa un total de 66,15 hectáreas entre los términos municipales de Caracuel y Corral de Calatrava, pero incorpora, además, tal y como se hace constar en el texto legal, una “zona periférica de protección” que alcanza los 402,18 hectáreas de extensión e incluye parte del término de Villamayor de Calatrava.
La planta de biometano que promueve IDD Energy Group y tramita la Junta de Comunidades en Caracuel, con carácter “prioritario”, se enmarca dentro de un hábitat excepcional mucho más amplio, en el que se integran las lagunas de Caracuel, El Mirador y La Estación. Ese ecosistema atesora una representación vegetal y faunística de primer nivel, en la que conviven, asimismo, numerosas especies vulnerables, amenazadas o en peligro de extinción, como el lince ibérico, el águila real, el buitre negro, el fumarel cariblanco o el tritón pigmeo, entre otros. De la misma manera se contabilizan más de 20 Bienes de Interés Cultural (BIC) y Lugares de Interés Geológico (LIG), además de Zonas de Protección Arqueológica (ZPA), como Valdelobos o La Moyana.
Un lugar con una naturaleza y un patrimonio extraordinarios
En ese lugar de naturaleza y patrimonio extraordinarios, pero escasamente poblado, es donde el Gobierno de García-Page considera “prioritario” construir una megainstalación industrial con capacidad para gestionar 222.500 toneladas de desechos al año, tal y como consta en el texto refundido del estudio de impacto ambiental, de noviembre de 2025, una cifra muy superior a la inicial, de 150.000 toneladas, que reflejaba el primer estudio presentado en enero de 2025.
Dado que la localidad, de tan solo 140 habitantes, no produce más que una parte insignificante de los residuos requeridos por la fábrica prevista, éstos deberían proceder del resto de España y ser transportados, diariamente, por decenas de camiones de alto tonelaje, incrementando sensiblemente la contaminación y el riesgo viario y despreciando los principios más básicos de la economía circular de proximidad que se esgrime como argumento justificativo para su aprobación.
Hasta el momento, la administración regional no sólo no ha impedido la tramitación de una solicitud que, presuntamente, incumple la legislación medioambiental sino que, muy al contrario, ha agilizado el proceso, a sabiendas, otorgándole prioridad absoluta y, simultáneamente, ha permitido que el promotor incremente el volumen de materias primas que gestionaría cada año en sus instalaciones, desde las 150.000 previstas en el mes de enero de 2025 hasta las 222.500 toneladas que figuran en el estudio registrado el pasado mes de noviembre. Un hecho que contradice, objetivamente, el principio más elemental de la sostenibilidad, que aboga por reciclar la basura en el lugar donde se produce.
Concretamente, los sustratos de la fábrica que promueve ID Energy Group en Caracuel de Calatrava presentarían la siguiente tipología y proporción hasta alcanzar las 222.500 toneladas indicadas: purín cerdo engorde (60.000 tm / 27%), estiércol bovino (47.500 tm / 21 %), estiércol ovino/caprino (5.000 tm / 2 %), vinaza (25.000 tm / 11 %), lactosuero (5.000 tm / 2 %), residuos desalcoholizados de bodega (39.000 tm / 18 %), alperujo (30.000 tm / 13 %), orujo y raspones uva (10.000 tm / 4 %) y aguas blancas / permeato (1.000 tm / 1 %).
El decreto de 2003 prohíbe la actividad que ID Energy Group pretende desarrollar en Caracuel
El decreto de la Consejería de Medio Ambiente del 13 de mayo de 2003, que declaró la ‘Microrrserva de la Laguna de Caracuel’ estableció su delimitación física y fijó una serie de prohibiciones de modo terminante, entre las que incluyó «toda actividad industrial y minera, los movimientos de tierra, los vertederos de inertes y el empleo de explosivos, así como el depósito, vertido, acumulación, enterramiento, incineración o tratamiento de residuos o materias de cualquier tipo, incluidas las aguas residuales y los purines», exactamente la materia prima que requiere para su funcionamiento la planta de ID Energy Group.
Hay que tener en cuenta, a este respecto, que el riesgo de filtraciones, fugas y vertidos en este tipo de instalaciones es real y su casuística reiterada y conocida, lo que puede conllevar, en esas ocasiones, contaminación de las tierras y aguas circundantes por la acción de los desechos convertidos en digestato y los nitratos derivados, que, a veces, pueden llegar a superar los límites permitidos legalmente. Es decir, un potencial riesgo tóxico indiscutible junto a una microrreserva natural.
Pero es que el decreto especifica, del mismo modo, que en la «Zona Periférica de Protección de la Microrreserva» está prohibido, también, “el vertido o acumulación de sustancias potencialmente contaminantes, tóxicas o peligrosas, así como las generadas por la actividad ganadera, en instalaciones o circunstancias que no impidan que puedan alcanzar la ‘Microrreserva Laguna de Caracuel’», una prohibición que, sin ningún género de duda, afecta de lleno a la megaplanta de biometano proyectada en esa localidad.
Las plantas de biometano son gestoras de residuos
Como explica Máximo Florín Beltrán, profesor titular de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en las plantas de biometano se gestionan distintas materias primas como estiércol, gallinaza, heces, purines o vinazas para tratarlas y, luego, queda en torno a un 95 % de digestato que no se transforma en metano.
El experto señala que es necesario acumularlas, aunque sea diariamente, para convertirlas en abono, pero advierte de que esas plantas, que se venden como energéticas, en realidad son gestoras de residuos que generan un subproducto complejo, que requiere tratamientos adicionales para su uso como fertilizante. Y, en este sentido, cuando su escala es sobredimensionada, se complica sobremanera la operación, ya que la mezcla de residuos inadecuados y su aplicación en campos puede contaminar suelos y acuíferos, afectando la salud y la calidad de los alimentos.
Riesgo exponencial en un hábitat extremadamente sensible
El problema derivado de una macroplanta de biometano como la diseñada en Caracuel es que gestionaría más de 200.000 toneladas anuales de desechos (especialmente, de purines de cerdo y estiércol), lo que multiplicaría, de modo exponencial, el riesgo en un hábitat extremadamente sensible. Ese condicionante cuantitativo se podría traducir en una «bomba de relojería» para la salud pública, los cultivos, la actividad agropecuaria y el mantenimiento, legalmente exigible, del ecosistema existente en torno a la microrreserva protegida.
Si el digestato que se obtiene después de la descomposición de residuos biodegradables (como los purines o el estiércol) mediante digestión anaeróbica, se aplica al suelo en cantidades excesivas, como ha ocurrido en muchos casos acreditados de plantas de biometano similares, puede contaminarlo y extenderse debido a la pendiente y acabar en los arroyos, ríos, lagunas o bien, con la lluvia o el riego, filtrarse por el subsuelo llegando hasta los acuíferos.
En este sentido, si el agua quedara contaminada con nitratos (molécula formada por nitrógeno y oxígeno), es decir, si su presencia superara los 50 mg por litro, podría provocar problemas sanitarios, según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la metahemoglobinemia, enfermedad que dificulta el transporte de oxígeno en la sangre y afecta, sobre todo, a los bebés. Además, en 2010, los nitratos fueron declarados como “probables carcinogénicos para los humanos” por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
Cronología de una «prioridad» política injustificable
Por Pablo Díaz-Pintado
El pequeño municipio de Caracuel de Calatrava, de sólo 140 habitantes, se convirtió, a mediados de 2024, en objetivo preferencial de un balbuciente Plan Regional de Biometanización, cuando el día 15 de julio, la empresa Artinita SL (perteneciente a ID Energy Group) presentó, ante la administración autonómica, el “Proyecto básico para Autorización Ambiental Integrada (AAI) destinado a la «Instalación de Generación de Energía Renovable T.M. Caracuel de Calatrava”.
El lugar elegido no fue casual. El Ayuntamiento de Caracuel está gobernado por el PSOE sin oposición política, ya que el alcalde socialista Ismael Laguna Fernández se presentó a las elecciones municipales en solitario. Ninguna otra candidatura concurrió a los comicios. Manos libres para hacer y deshacer en una comarca despoblada y, prácticamente, sin sociedad civil.
Ocho días después, el 23 de julio de aquel año, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, Agustín Espinosa Romero, sin tiempo aún para poder haber realizado una evaluación mínimamente seria, dada la complejidad del expediente, anunció, no obstante, que el proyecto presentado por Artinita SL, se sometería a un período de información pública (del 12 de agosto al 10 de septiembre de 2024), en cumplimiento de la Ley de Medidas Urgentes para la declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla- La Mancha.
Transcurrido el mes de información pública, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ciudad Real, en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2024, informó favorablemente sobre el proyecto. Y, a cotinuación, a principios de noviembre, la Consejería de Desarrollo Sostenible, que dirige Mercedes Gómez, decidió declarar como «proyecto prioritario» la megafábrica de biometano de Caracuel, según publicó el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El primer paso estaba dado.
Pocos días más tarde, el 25 de noviembre, los Servicios Centrales de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades emitieron el devengo relativo a la tasa por evaluación ambiental del proyecto. Cuatro días después, la compañía Artinita SL ingresó 261,14 euros, mediante transferencia bancaria, en la cuenta correspondiente de la Junta de Castilla-La Mancha.
El día 16 de enero de 2025, Artinita SL incorporó una adenda a la solicitud inicial y, a los seis días, cursó la solicitud de evaluación ambiental junto con el estudio de impacto ambiental que, en aquel momento, preveía el tratamiento de 150.000 toneladas de residuos anuales, 81.000 de las cuales (54 %) debían proceder de purines de cerdo de maternidad.
Posteriormente, el 22 de mayo de 2025, la promotora recibió un requerimiento de documentación adicional, modificado posteriormente con fecha del 13 de junio, en el que la administración regional le indicaba una serie de cuestiones que debía subsanar relativas al procedimiento.
Fruto de ello, Benito Javier Puebla Pérez, administrador solidario de Artinita SL y CEO de ID Energy Group, hizo entrega a la administración regional el 31 de octubre de 2025 de una información complementaria para responder al requerimiento de información y evaluación. Asimismo, la empresa emitió un nuevo estudio de impacto ambiental, mediante un texto refundido, fechado en noviembre de 2025, en el que elevó la previsión de materia prima requerida por la macroplanta, sin justificación aparente, hasta las 222.500 toneladas anuales (un incremento del 48 %). La promotora, que esgrime la economía circular como uno de los argumentos centrales de su proyecto, prevé tratar más de 200.000 toneladas de desechos en un municipio de 140 habitantes, a razón de casi 1.600 toneladas de basura anuales por cada vecino, o lo que es lo mismo, más de 4.000 kilos de basura diarios por habitante.
Esta es la cronología de una «prioridad» política, liderada por Emiliano García-Page y Mercedes Gómez, que, con el señuelo de las energías renovables, convierte paraísos medioambientales en infiernos inhabitables. Un Plan Regional de Biometanización creado para entregar «tierras de sacrificio» en beneficio de la «economía extractiva» más despiadada, sin la más mínima consideración, con absoluto desprecio hacia la ciudadanía. El Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030 suma ya tal cantidad de anomalías, irregularidades y presuntas ilegalidades que debería someterse urgentemente al escrutinio judicial.
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