El pacto comercial UE-Mercosur ha saltado por los aires apenas cuatro días después de su firma. El acuerdo suscrito el pasado sábado en la capital uruguaya de Asunción para crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores y el 30 % del PIB mundial, no ha pasado el filtro del Parlamento Europeo, que el pasado miércoles miércoles decidió enviar el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si se ajusta o no al Derecho comunitario.

Los detractores del mismo sostienen que representa una bomba de relojería contra los productores del Viejo Continente, sometidos a unos costes y una burocracia que no tienen que soportar sus competidores suramericanos, mientras que sus defensores mantienen que el pacto abriría nuevas posibilidades económicas y sería muy favorable para ambas partes.

El tratado rubricado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los respectivos mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los cuatro países integrantes del Mercado Común del Sur, se ha culminado veinticinco años después de que comenzaran las negociaciones entre ambos bloques pero, apenas unos días más tarde, ha quedado ya sumido en una total incertidumbre.

Desde el punto de vista legal, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, podría aplicarlo provisionalmente sin esperar al dictamen del Alto Tribunal europeo, pero tendría que hacerlo sin respetar la voluntad expresada libremente en la Eurocámara y, por tanto, de modo antidemocrático, lo que, sin duda, agravaría las tensiones sociopolíticas existentes.

Con independencia de lo que decida la Comisión, a partir de este momento, el TJUE deberá pronunciarse sobre el encaje legal del acuerdo dentro del ordenamiento comunitario, un dictamen que, según los precedentes, se prolongará durante meses o, incluso, años.

Una votación ajustada

La votación celebrada el miércoles pasado en Estrasburgo se saldó con 334 votos a favor de someter el convenio comercial al escrutinio judicial, frente a 324 en contra y 11 abstenciones. Una resolución avalada por un conjunto heterogéneo de formaciones de extrema izquierda, derecha patriótica y partidos nacionalistas frente a la coalición de populares y socialistas que gobierna en coalición y tiene el control de la Comisión.

Concretamente, por lo que respecta a los europarlamentarios españoles, VOX, ERC, Compromís, Sumar y BNG votaron a favor de someter el texto al examen judicial, mientras que PSOE, PP, PNV y SALF lo hicieron en contra.

En otros países, como Francia, donde el acuerdo ha suscitado un amplio rechazo social, la votación de sus representantes fue mayoritariamente favorable a la intervención del Alto Tribunal. El propio ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, celebró la decisión de los eurodiputados y consideró que la Eurocámara «se expresó en coherencia con la posición» nacional, según ha informado France24.

En términos generales, de acuerdo a las mismas fuentes, el tratado comercial UE-Mercosur permitiría que las empresas europeas exportaran más vehículos, maquinaria, vinos, y licores a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y facilitaría, por contra, la entrada en Europa de carne bovina, azúcar, arroz, miel y soja de procedencia suramericana, entre otros productos.

Decepción del Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas

Por su parte, el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV) ha expresado, en un comunicado hecho público, su decepción tras la votación celebrada en el Parlamento Europeo. Desde su punto de vista, “en los últimos meses, la Comisión Europea ha proporcionado explicaciones detalladas que confirman la plena compatibilidad del acuerdo con los Tratados de la UE”.

Por ello, el CEEV lamenta la decisión parlamentaria y anticipa que la solicitud del dictamen al Tribunal de Justicia “supondrá un retraso de entre 18 y 20 meses en el proceso de ratificación, lo que generará una incertidumbre innecesaria para las empresas”.

El comité se muestra “decepcionado, porque el tiempo es oro” y hace referencia a que, considerando sólo el año pasado, “las empresas vinícolas de la UE, que exportaron a los mercados del Mercosur, se enfrentaron a más de 43 millones de euros en aranceles”. “Y esta cifra”, añade, “no incluye los costes adicionales generados por la burocracia, los complejos procedimientos de importación y otras barreras no arancelarias, que siguen dificultando el acceso al prometedor mercado brasileño”.

A su juicio, en un momento de crecientes desafíos geopolíticos y económicos, “es más importante que nunca que la Unión Europea asegure y diversifique sin demora sus relaciones comerciales con socios de confianza”. “El acuerdo UE-Mercosur”, añaden, “tiene el potencial no sólo de mejorar la competitividad de los vinos europeos en el extranjero, sino también de consolidar el papel de la UE como líder mundial en la promoción de la estabilidad y un comercio abierto y basado en normas”.

“La CEEV considera”, finalmente, “que esta votación es una oportunidad perdida para avanzar rápidamente hacia la ratificación de un acuerdo que necesitan con urgencia tanto la Unión Europea como las empresas vitivinícolas de la UE”.