El estudio de impacto ambiental promovido por la empresa ID Energy Group, a través de la compañía Pelecanus SL, para la instalación, a 2,5 kilómetros del casco urbano de Llanos del Caudillo (Ciudad Real), de una macroplanta de biometano con capacidad para gestionar 161.500 toneladas de residuos anuales, en su mayoría de purín de cerdo y estiércol, reconoce que, dado el tipo de actividad que desarrollaría, “puede reducir la calidad de vida por la emisión de malos olores”.

Los 657 habitantes de la localidad manchega, enclavada en el corazón de la mayor región vitivinícola del mundo, viven bajo la amenaza del biometano desde que su alcalde, el popular Andrés Antonio Arroyo, se empeñó en sacar adelante un proyecto sobredimensionado que se nutriría en más de un 90 % de sustratos procedentes del resto de España, tal y como demuestra el Informe de Residuos por Actividades de Castilla-La Mancha, al que ha tenido acceso la revista Enólogos. Nada que ver, de ningún modo, con la economía circular de proximidad que se esgrime como argumento principal para su implantación.

El equipo redactor del documento, fechado el 15 de enero de 2025, está compuesto por Aixa Carrascosa Fernández, licenciada en Ciencias Ambientales, y Antonio Labrador Rozas, graduado en Ciencias Ambientales, con la colaboración de la consultora medioambiental Daniela Alejandra Jacome y la técnico ambiental junior Zara Flox Barba.

“Por el tipo de actividad”, sostienen en el epígrafe denominado ‘medio socioeconómico y población’, “si no se desarrolla adecuadamente, puede reducir la calidad de vida por la emisión de malos olores”. “Asimismo”, añaden, “se incrementará el tráfico, aunque la ubicación elegida permite el acceso a las instalaciones sin tener que atravesar núcleos urbanos”.  El informe omite que las carreteras circundantes rodean literalmente la población y que los vecinos, en buena lógica, también las utilizan diariamente, lo que les obligaría a compartirlas con los camiones previstos de alto tonelaje.

La promotora del proyecto, ID Energy Group, es una gran compañía fundada en Ciudad Real en 2008 por la familia Puebla, que desde 2023 está participada por los fondos de capital privado Pangram Capital y Growth Partners Capital, y que, según sostiene, cree «firmemente que el éxito se construye sobre una base de humanidad, calidad y valores sólidos».

La nueva y pestilente fragancia promovida por el alcalde Arroyo

De las 161.500 toneladas previstas en el proyecto de ID Energy Group, 105.000 corresponderían a purín de cerdo y 22.000 a estiércol ovino, caprino y bovino, lo que significa que casi el 80 % de la materia prima necesaria para el funcionamiento de la fábrica procedería de heces, orina y estiércol. Se trata de sustratos que desprenden un olor fétido y desagradable debido a compuestos como los indoles y escatoles, que destilan el típico hedor fecal, y el sulfuro de hidrógeno, cuya pestilencia recuerda al huevo podrido. La orina, por su parte, tiene un tufo más suave y ligeramente amoniacal.

Mientras que el alcalde popular de Membrilla, Jorge Navas, y el alcalde socialista de Manzanares, Julián Nieva, dos municipios limítrofes, han anunciado su renuncia a los proyectos de biometanización que estaban tramitando debido, fundamentalmente, a la presión ciudadana, política y mediática, el alcalde Arroyo se ha enrocado en su decisión de convertirse en el máximo responsable de la nueva fragancia local y, hasta este momento, parece querer llevar a término, a toda costa, el megaproyecto.

Sin incluirlo en el programa electoral e ignorando los casos de Casasbuenas y Balsa de Ves

Hay que tener en cuenta que el regidor de Llanos del Caudillo pretende imponer la construcción de una gigantesca planta de biometano a poco más de 2 kilómetros de las casas de sus vecinos, con un tráfico diario previsto de más de 50 camiones de alto tonelaje, sin haberlo incluido en el programa electoral con el que concurrió a las últimas elecciones municipales, sin solicitar un informe externo independiente, sin atender a los requerimientos de la plataforma local antibiometano e ignorando, también, las experiencias insalubres y nocivas ya conocidas, que se están registrando en Casasbuenas (Toledo) y Balsa de Ves (Albacete), dos pequeñas localidades de Castilla-La Mancha que sufren gravemente las consecuencias de instalaciones alimentadas por purines de cerdo.

En el caso de Casasbuenas, la planta de biometano está localizada en la vecina localidad toledana de Noez, pero el ex alcalde socialista de ese municipio, José Antonio Ruiz Cerdeño, decidió situarla al lado de Casasbuenas para alejarla de su propio núcleo urbano. Actualmente, las consecuencias las sufren los casasbueneros. De hecho, el alcalde popular de ese municipio, de 220 habitantes, Juan Antonio Camuñas Medina, habla de olores desagradables, náuseas, insomnio, vómitos, contaminación y dolores de cabeza, junto a una sensación de injusticia e impotencia para referirse a los síntomas que sufren sus paisanos desde que los emisarios de la energía verde, que también prometían desarrollar el proyecto «adecuadamente», aparecieron en sus vidas.

En apenas unas meses, ya está valorando presentar una denuncia ante la Fiscalía y ha recibido, en las propias dependencias municipales, alrededor de 200 quejas escritas de los vecinos afectados. Asimismo, intenta conseguir los recursos económicos necesarios para contratar a un abogado especializado que acabe con la indefensión en que se encuentran por el abandono de la Junta de Comunidades.

El alcalde de Llanos del Caudillo declina hablar con la revista Enólogos

La revista Enólogos ha intentado contactar con el alcalde de Llanos del Caudillo para recabar su opinión al respecto, pero el regidor ha declinado el ofrecimiento. Mientras tanto, Arroyo sostiene, a través de un comunicado hecho público, que los miembros de la Plataforma Ciudadana Stop Fábrica Biogás Llanos del Caudillo tienen, ” parece ser”, el objetivo «de que los vecinos no se informen libremente sobre este tema, tratando de imponer su versión y evitando que se escuchen otras opiniones».

La opinión que sí se ha expuesto y escuchado libremente ha sido la del jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, Salud Laboral y Laboratorios de Castilla-La Mancha, Fernando Cebrián Gómez, quien en su documento de alegaciones y sugerencias emitido en enero de 2025, a requerimiento de la Consejería de Desarrollo Sostenible, puso de relieve que el Plan Regional de Biometanización 2024-2030, que engloba, asimismo, la planta proyectada en Llanos del Caudillo, pone en serio riesgo la salud pública y el medioambiente.

El Plan Regional de Biometanización, impulsado por el Gobierno de Emiliano García-Page, se está desarrollando de un modo tan irregular desde el punto de vista legal y social que pese a encontrarse aún en período de alegaciones, permite libremente que el lobby gasístico y los fondos de inversión irrumpan en los ayuntamientos y avancen en sus propósitos con la colaboración de los alcaldes y los servicios técnicos que se prestan a ello, muy frecuentemente, de espaldas a la ciudadanía.

El vicepresidente segundo José Manuel Caballero habla de “paz social” y “bulos”

No obstante, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero Serrano, hizo hincapié, el pasado lunes en Puertollano (Ciudad Real), durante la inauguración de la Oficina del Hidrógeno Renovable de Castilla-La Mancha, en el clima de “estabilidad política e institucional” que, en su opinión, impera en Castilla-La Mancha, «con un gobierno previsible, cercano, que no da bandazos”, y una «paz social» que contribuye al desarrollo de un ecosistema empresarial. Asimismo, Caballero reflexionó sobre la importancia de «explicar mejor» el trabajo que está desarrollando el sector de las renovables, combatiendo «los bulos» que rodean a estas energías.

Pese a la “paz social” de la que alardea Caballero y los «bulos» que considera necesario combatir, lo cierto es que el presidente Emiliano García-Page y su consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez Rodríguez, se vieron obligados el pasado mes de octubre a iniciar un segundo proceso público para intentar reconducir el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha, debido a los más de 13.000 informes y alegaciones recibidos y a “la elevada participación ciudadana que se ha producido”, tras una primera fase muy criticada, en la que hasta la Consejería de Sanidad expresó durísimos reparos sobre la estrategia energética regional por su impacto en la salud pública y el medioambiente.

Fruto de ello, la Dirección General de Calidad Ambiental consideró “oportuno” facilitar un nuevo período de información pública de 45 hábiles adicionales, contados a partir del 7 de octubre, para que pudieran volver a presentarse alegaciones, tanto a la versión inicial de mayo de 2025 como al estudio ambiental estratégico de junio de 2025, junto con un resumen de su contenido, destinado “a facilitar su comprensión”.

Frente a “la estabilidad política e institucional”, la realidad

La realidad, con independencia de las declaraciones del vicepresidente Caballero, es que nunca, hasta el momento, en 43 años de autogobierno, se había producido una quiebra social y un clamor popular como el que se vive en estos momentos en la comunidad autónoma. Decenas de localidades se han alzado, en lo que ya constituye una auténtica rebelión ciudadana, contra un proyecto político que evidencia graves incongruencias legales y pone en riesgo la salubridad y el entorno natural, de acuerdo al citado informe del jefe de Servicio de Sanidad Ambiental de Castilla-La Mancha y a la opinión de numerosos expertos independientes que no están a sueldo de las empresas gasísticas ni actúan como pseudoportavoces de las administraciones implicadas.

Ningún representante ni vocero de las compañías energéticas ni de la Junta de Comunidades ha explicado aún cómo es posible que en Casasbuenas y Balsa de Ves, siendo tan limpia la energía renovable, los vecinos estén padeciendo semejante tortura sin nadie que les auxilie ni defienda. «Es un olor que se te queda aquí dentro», dice el alcalde de Casasbuenas señalándose la parte superior del hueso nasal, «y es que te desquicia hasta los nervios, te pone hasta nervioso, de la ansiedad que te da, no sabes qué hacer».

Gran parte de la sociedad castellanomanchega parece haber “comprendido” perfectamente lo que significa el atropellado plan impulsado por el Gobierno de García-Page. Por eso, las plataformas ciudadanas que se agrupan bajo el lema “STOP Biometano” surgen como setas tras las primeras lluvias de otoño. De acuerdo a la opinión que se propaga en la calle, cada día menos gente acepta que sus pueblos acojan plantas sobredimensionadas de biometano, erigidas desde una concepción “extractiva” ajena a su realidad social y económica, para convertirlos en “tierras de sacrificio”, engordadas con basura de toda España y con el objetivo de calentar las calefacciones del centro y el norte de Europa o, en todo caso, de lugares muy alejados de sus centros de producción.

¿Quién da más? Un pueblo de jornaleros honrados convertido en el escenario de “purines sobre ruedas”

Llanos del Caudillo sólo es un ejemplo de lo que ocurre cuando la codicia se da la mano con los intereses del lobby gasístico, los fondos buitre y los intereses políticos de todas los niveles administrativos, bien embadurnado todo ello con millonarias subvenciones europeas.

El municipio, creado en 1955 por el Instituto Nacional de Colonización (INC), se comenzó a poblar con 96 familias de jornaleros y braceros humildes procedentes de Manzanares, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Pedro Muñoz, Valdepeñas y algunas otras localidades de la provincia de Ciudad Real y, en menor medida, también de Badajoz, Sevilla y Jaén.

Diseñado brillantemente por el arquitecto Pedro Castañeda Cagigas siguiendo un estilo racionalista de inspiración manchega, el pueblo, emplazado junto a la autovía N-IV y todavía bien conservado,  dispone de una reducida extensión de solo 20,45 kilómetros cuadrados y se localiza entre las localidades de Daimiel, Villarta de San Juan, Argamasilla de Alba y Manzanares (de la que se independizó en 1999).

Dado su limitado tamaño, la construcción de una macroplanta de biometano de 161.500 toneledas, alimentada mayoritariamente por purines de cerdo, a poco más de 2 kilómetros de las viviendas, le “condenaría” a sufrir una potencial reducción de su calidad de vida tanto por los “malos olores” provocados por los desechos porcinos como por el peligro y polución generados por las decenas de camiones que recorrerían, cada día, las carreteras circundantes, a razón de un vehículo de alto tonelaje por cada 12 habitantes, según la estimación de la propia empresa promotora.

Un escenario de pesadilla que se desarrollaría, cada día, entre emisiones de dióxido de carbono, peligrosidad viaria y hedor a purines sobre ruedas. ¿Quién da más?