La implantación del grado de Enología en Castilla-La Mancha, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad regional a finales de enero en Talavera de la Reina (Toledo), ha puesto el broche de oro a 30 años de historia de la enología española, presididos por el esfuerzo común para conseguir el reconocimiento profesional, la colegiación oficial y la extensión de los estudios universitarios, tres importantes logros que, con luces y sombras, han cambiado definitivamente la piel de la Enología española.

A finales del siglo XX, el colectivo profesional de los enólogos, que en aquel momento presidía el manzanareño Vicente Sánchez-Migallón, estableció su propia hoja de ruta con dos objetivos irrenunciables: la obtención de una habilitación legal para ejercer la profesión y la creación de un Colegio Oficial de Enología para desarrollar sus competencias al máximo nivel. Fue un empeño quijotesco que implicó un arduo trabajo por parte también de algunos estrechos colaboradores como Francisco Granado, Héctor Mendiola, Miguel Díez, Emilio Valdivielso y Marta Suárez, entre otros.

De algún modo, el plan de ‘reconocimiento de la profesión’ era la respuesta lógica a la creación 10 años antes de los estudios enológicos de rango universitario en España. La Escuela de Enología de Tarragona, adscrita en 1988 a la Universidad de Barcelona y, a partir de 1992, a la Universitat Rovira i Virgili, abrió un nuevo escenario que se extendió luego a otras regiones vitivinícolas. La Federación Española de Asociaciones de Enólogos (FEAE) entendió la oportunidad y, apoyado en esa nueva realidad, quiso refrendar legalmente el ejercicio de la profesión para obtener mayor reconocimiento social, evitar el intrusismo y ampliar sus atribuciones.

La dedicación demostrada por el equipo pilotado por Sánchez-Migallón y el interés generalmente compartido por las asociaciones autonómicas hicieron posible que, pese a las disensiones internas, la FEAE acabara doblando el Cabo de Buena Esperanza. A principios de 2002 ya contaba con el plácet del Consejo de Ministros que, finalmente, dio luz verde al Real Decreto 595/2002, de 28 de junio, por el que se reguló la habilitación para ejercer las profesiones de enólogo, técnico especialista en vitivinicultura y técnico en elaboración de vinos. 

La ruptura interna

Aparentemente, se había conseguido lo más difícil pero, paradójicamente, apenas habían comenzado los problemas. Pese a la positiva evolución de las negociaciones con el Gobierno para la obtención de la ansiada habilitación profesional, durante los primeros meses de 2002 también habían avanzado las conversaciones en el seno de la Asociación Catalana de Enólogos (ACE), que presidía Carles Plajà, para independizarse de la FEAE. Las tensiones y los enfrentamientos existían desde hacía años y el 11 de mayo de 2002 los más de 300 enólogos catalanes decidieron, casi unánimemente dejar atrás la disciplina federativa. En aquel momento, la actitud de la asociación presidida por Playà no constituía un hecho aislado, ya que la Asociación Enólogos de Rioja (AER), que presidía Jesús Bouza, también se planteó su salida de la Federación. Las reuniones que celebraba la Asamblea de la FEAE eran un auténtico hervidero. Pese a que la ruptura no se consumó, dejó algunas heridas que se reabrirían una década más tarde, en abril de 2013, con la definitiva escisión de la AER bajo el mandato de Adriana Laucirica, cuando Santiago Jordi llevaba apenas siete meses en la Presidencia de la FEAE.

Hacia el Colegio Profesional de Enólogos

No obstante, las divisiones internas no modificaron en lo sustancial la ‘hoja de ruta’ original. De hecho, los enólogos, una vez lograda la habilitación profesional con todas las bendiciones legales, siguieron intentando crear, juntos o por separado, un Colegio Oficial de Enología que sirviera para prestigiar la profesión y desarrollar todas las atribuciones reconocidas. A nivel nacional, Sánchez-Migallón lideró ese empeño con determinación hasta que en 2006 fue relevado en la Presidencia de la FEAE por el andaluz Juan Gómez Benítez que, posteriormente, en 2010, cedió el testigo al riojano Antonio Palacios Muro. Durante ese periodo, el tándem formado por Gómez y Palacios, que alternaron los puestos de presidente y vicepresidente, desarrolló un trabajo permanente para promover un órgano colegial de ámbito nacional pero, finalmente, el esfuerzo chocó frontalmente con la legislación, que determinó que la constitución de un Colegio Profesional de Enología debía partir del ámbito autonómico para concluir, en última instancia, en un consejo nacional y nunca al revés.

Esa exigencia legal derivada del marco político territorial, unida a la división endémica que vivía la Federación Española de Enólogos, trasladó el problema a las distintas asociaciones autonómicas, que desde hacía años se enfrentaban al fenómeno de la colegiación desde diferentes puntos de vista y sensibilidades. Mientras que para Castilla-La Mancha o Cataluña constituía una cuestión prioritaria, para La Rioja representaba un serio inconveniente, ya que la obligatoriedad de establecer un colegio limitado al ámbito autonómico rompía la histórica convivencia de los enólogos riojanos, vascos y navarros bajo un paraguas común. Es decir, en el seno de la asociación encabezada por Laucirica se entendió que la implantación de un Colegio de Enología podía hacer saltar por los aires su espíritu fundacional, el que había llevado en 1965 a 79 enólogos de Álava, Burgos, Guipúzcoa, Logroño, Navarra, Palencia, Santander, Soria, Valladolid y Vizcaya a constituir la Agrupación Provincial de Enólogos, germen de la actual Asociación Enólogos de Rioja.

Asociacionismo y colegiación a dos velocidades

De ese modo, Castilla-La Mancha, Cataluña y Rioja, que sumaban el 50 por ciento del total de los enólogos ejercientes habilitados en España, marcaron la pauta respecto a la futura creación de los colegios profesionales en todo el país, dando lugar a un movimiento ‘de dos velocidades’ que aún, hoy en día, se mantiene. Las dos primeras se lanzaron a la consecución del Colegio Profesional, mientras que Rioja dejó aparcado el proyecto. El resto de las asociaciones decidió mantenerse silente, a la expectativa.

En la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha (AECM) se sucedieron tres presidentes que convirtieron la creación del Colegio Oficial de Enología en una ‘cuestión de Estado’. Fructuoso López Vaquero inició un complicado y trabajoso proceso que, más tarde, impulsaron, sucesivamente, Miguel Ruescas y Luis Jiménez. Finalmente, el 26 de abril de 2013, la asamblea constitutiva del Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha (COECM), celebrada en Tomelloso (Ciudad Real), se saldó con la elección de Miguel Ruescas como primer presidente decano frente al teórico favorito y entonces presidente de la AECM, Luis Jiménez. El inesperado resultado produjo un ‘choque de trenes’ en el seno de la enología castellanomanchega que desde entonces ha mantenido dividida a la profesión, pese al fallido intento de reunificación que en 2016 lideraron el propio Miguel Ruescas y el entonces recién elegido presidente de la AECM, Alfonso García Cámara.

El caso catalán corrió en paralelo al castellanomanchego, pero se resolvió un año después. Carles Playà Maset fue elegido el día 5 de julio de 2014 en el Monasterio de Poblet (Tarragona) primer presidente decano del recién constituido Col•legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. (CEEC) tras muchos años de trabajo. La Junta Directiva de la Associació Catalana d'Enòlegs (ACE), a instancias de la Asamblea General, aprobó en marzo de 2006 el inicio de los trámites para la creación del Colegio Profesional de Enólogos de Cataluña, un empeño que fue ratificado en el mes de febrero de 2009. Posteriormente, en enero de 2011, se promovió la creación de la Comisión Gestora, que dos años más tarde asistió a la aprobación definitiva del decreto de creación del Colegio. El camino estaba desbrozado y sólo restaba concluir el último tramo de la aventura, que estuvo liderado por los ex presidentes de la ACE, Josep Anton Llaquet Isart y Antoni Cantos Llopart. En la última etapa, concretamente desde el día 3 de febrero de 2018, el decano de la Facultad de Enología de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Joan Miquel Canals Bosch, está al frente del Col.legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya (CEEC) y de la Associació Catalana d’Enòlegs (ACE), unificando de ese modo bajo su mandato a todo el colectivo de enólogos catalanes.

Pérdida de peso específico de la FEAE 

Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de Enólogos, que ya carecía de presencia en Cataluña desde 2002, acabó por perder gran parte de su peso específico tras la escisión de la Asociación Enólogos de Rioja en 2013 y la posterior creación del Colegios Oficial de Enología de Castilla-La Mancha. Actualmente, apenas reúne a la mitad del colectivo nacional de enólogos, con una presencia minoritaria en Castilla-La Mancha, la mayor región vitiviníola del mundo, y sin representatividad oficial en La Rioja, País Vasco, Navarra y Cataluña. Para entender la pérdida de influencia y notoriedad de la FEAE, hay que tener presente que la producción de vino y mosto en la última campaña en las regiones de Castilla-La Mancha, Cataluña, Rioja, Navarra y País Vasco representó el 73,5 por ciento del total del país.

El presidente federativo Santiago Jordi, que accedió al cargo el 8 de septiembre de 2012, mostró inicialmente su intención de contribuir, junto con las asociaciones territoriales, a la creación de colegios profesionales como paso previo a la constitución de un Consejo Estatal de Colegios de Enólogos, pero la realidad es que una vez que su principal apoyo, Luis Jiménez, perdió las elecciones al Colegio Oficial de Castilla-La Mancha, abandonó esa línea de trabajo que, hasta entonces, solo había esbozado.

Los estudios universitarios de enología

Por lo que respecta a los estudios universitarios de enología, se implantaron por primera vez en Cataluña. Posteriormente, se extendieron, entre otras, a las universidades de Cádiz, Valladolid (Palencia), Extremadura y Córdoba. Los antecedentes de la actual Facultad de Enología de la Universitat Rovira i Virgili se remontan al año 1988, año en que se creó la Escola d'Enologia de Tarragona, un centro de estudios superiores creado por la Generalitat de Catalunya con la finalidad de formar técnicos bien preparados en temas vitivinícolas con conocimiento en edafología, clima, técnicas de viticultura y enología para la producción de vinos de primera calidad. La Escola d'Enologia estuvo vinculada a la Universitat de Barcelona hasta el curso académico 1992-93 y, a partir de entonces, se integró en la Universitat Rovira i Virgili.

Treinta años después, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, bajo la presidencia del rector Miguel Ángel Collado, ha aprobado la implantación del grado en Enología en el curso académico 2019/2020, que ofertará 60 plazas de nuevo ingreso durante sus primeros cuatro años.

Además, durante el presente curso académico 2018/2019, la UCLM ya ha ofertado a los estudiantes la posibilidad de estudiar la titulación de Enología, vinculada a Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, dada la coincidencia inicial de materias comunes. No obstante, a partir del curso 2019/20, los estudiantes podrán elegir entre continuar con dicha titulación, solicitar la realización del doble grado o bien trasladar su matrícula a la segunda titulación.

La obtención de la licenciatura de Enología no solo ha sido una reivindicación histórica de los enólogos de Castilla-La Mancha desde hace más de 20 años, sino el broche final a una época de la historia de la enología española, que arrancó con los primeros estudios universitarios implantados en Tarragona, continuó con la lucha emprendida para la consecución del reconocimiento profesional del enólogo y vivió un capítulo cruento con las rupturas internas y la constitución de los primeros colegios profesionales de Castilla-La Mancha y Cataluña.