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EL CENTRO FUE CERRADO EN 2012

La Enológica de Alcázar recupera la acreditación oficial Enac seis años después de su clausura

PABLO DÍAZ-PINTADO

La Estación de Viticultura y Enología de Alcázar de San Juan, adscrita al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf), ha recuperado la acreditación oficial de la Entidad Nacional de Acreditación (Enac), que le avala como laboratorio de ensayo de vino y mosto sujeto a la reglamentación comunitaria. La decisión llega un año y cuatro meses después de la reapertura de un organismo que había sido clausurado, en medio de una enorme polémica, en agosto de 2012 por decisión del anterior Gobierno autonómico. La ‘Enológica de Alcázar’ vuelve a jugar la ‘Champions’ de la analítica.

Enac es el único organismo de España que, según el Real Decreto 1715 de 2010, está dotado de potestad pública para otorgar acreditaciones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Europeo (CE) n.º765/2008, un marchamo de calidad imprescindible en la actualidad para competir en igualdad de condiciones con el resto de laboratorios públicos y privados que desarrollan su actividad dentro y fuera de Castilla-La Mancha.

Con la certificación otorgada con el número 1319/LE2480, que entró en vigor el pasado 30 de noviembre de 2018, se completa el círculo que condujo a la reapertura de la conocida como ‘Enológica de Alcázar’ tras su cierre decretado en agosto de 2012 alegando razones de austeridad económica. Fundada en 1927 como centro de referencia del sector vitivinícola regional, cuando fue clausurada realizaba anualmente alrededor de 20.000 informes de ensayo y 80.000 determinaciones analíticas, lo que la convertía en una de las más eficientes de España dentro de su ámbito. 

No obstante, la estación fue eliminada en el contexto de una estrategia de ‘ahorro económico’ llevada a cabo durante la pasada legislatura por el Gobierno de la presidenta María Dolores de Cospedal. En medio de la crisis económica más grave de las últimas décadas, con una tasa de paro que en Castilla-La Mancha llegó a superar el 30% sobre la población activa, la entonces consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, manifestó que la medida se adoptaba para optimizar los recursos públicos y evitar el despilfarro del dinero de los contribuyentes. Soriano declaró, en comparecencia parlamentaria, que el Gobierno autonómico se había encontrado con tres laboratorios enológicos en la misma zona: los dos que la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) gestionaba en Alcázar de San Juan y Tomelloso y un tercero atribuido al Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (Ivicam), también en Tomelloso, “algo que difícilmente entenderían los ciudadanos que nos han encomendado que pongamos orden en unas cuentas públicas desastrosas heredadas del Partido Socialista”. Además, Soriano sostenía que los dos laboratorios que Geacam gestionaba en Alcázar y Tomelloso arrojaron un déficit conjunto de alrededor de 30.000 euros entre los años 2011 y 2012, es decir, 15.000 euros anuales, pese a lo cual nunca presentó las cuentas correspondientes ni explicó qué cantidad económica correspondía a cada uno de los dos organismos.

 

Una realidad muy diferente

No obstante, la realidad era muy diferente. Tal y como reveló la revista “Enólogos”, el laboratorio de Geacam de Tomelloso, al que se refería la consejera, no era enológico, sino de “sanidad animal”. Y el Ivicam, situado también en Tomelloso, no realizaba funciones de análisis de vinos y mostos como el de Alcázar de San Juan, sino que estaba centrado específicamente en la investigación vitivinícola, labor en la que destacaba como uno de los centros más reconocidos de España.

Pero el Gobierno regional nunca rectificó su decisión ni se disculpó por utilizar argumentos falsos y engañosos, en tanto que faltos de veracidad. Al contrario, siguió adelante y tras ‘echar el candado’ al laboratorio en pleno período de vendimia, solicitó a la Entidad Nacional de Acreditación la retirada voluntaria de su certificación (nº765/LE1414), que se hizo efectiva el día 25 de enero de 2013.

El ‘cerrojazo’ en Alcázar de San Juan obligó al traslado precipitado de sus servicios a las dependencias del Ivicam, que comenzaron a prestarse el 7 de septiembre de 2012, pese a que desde hacía dos años la propia Junta de Comunidades estaba ‘demoliendo’ ese organismo tras aplicar un recorte presupuestario del 87% en su capítulo de "investigación vitivinícola". El desmantelamiento del que fuera gran centro de referencia de la investigación vitivinícola castellanomanchega, reconocido por sus contribuciones científicas tanto dentro como fuera de España, quedó en evidencia con mayor claridad al analizar las prioridades “inversoras” de la Junta de Comunidades.

 

Las prioridades presupuestarias

Mientras se certificaba el entierro de la Enológica para “evitar el despilfarro y las duplicidades”, el Gobierno de Cospedal asignaba en 2012 una partida de 50 millones de euros al ente público Radio Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCM), seguida de otra de 40 millones en 2013. En total, 90 millones de euros para financiar una empresa que la entonces presidenta regional y secretaria general del Partido Popular prometió privatizar antes y después de llegar al poder y que, dos años después, seguía siendo pública y contando con una plantilla prácticamente igual a la que existía cuando el periodista Nacho Villa se hizo cargo de su Dirección General, con un sueldo de 120.000 euros brutos al años, muy por encima del remuneración que percibía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que era inferior a los 80.000 euros brutos.

Como botón de muestra de las “prioridades” presupuestarias del Gobierno de Castilla-La Mancha hay que subrayar que consignó en los Presupuestos Generales del ejercicio 2013 un total de 224.000 euros para el capítulo de “peluquería y estilismo” de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM), mientras que dedicó 153.000 euros al programa de “investigación e innovación vitivinícola” del Instituto de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, la mayor región vitivinícola del mundo, que llegó a contar con un millón de euros en ejercicios previos.

En definitiva, el traslado parcial de la actividad del laboratorio enológica a la sede del Ivicam en Tomelloso provocó una caída en picado del número de informes y determinaciones realizadas, debido, entre otros motivos, a que, a diferencia de su antecesora, nunca dispuso de certificación de la Entidad Nacional de Acreditación. La gestión de Soriano y el hecho de que el laboratorio del Ivicam estuviera desarrollando su actividad desde septiembre de 2012 sin la acreditación de Enac provocaron una auténtica huida de bodegas a otros laboratorios privados de análisis enológico y, en menor medida, a la Estación Enológica de Haro (La Rioja).

 

Travesía del desierto

Entre el 25 de enero de 2013, fecha de la pérdida de la certificación, y la entrada en vigor de la nueva acreditación, el 30 de noviembre de 2018, han transcurrido cinco años, 10 meses y cinco días, una ‘travesía del desierto’ que se llevó por delante los siete puestos de trabajo y la trayectoria cosechada durante más de ocho décadas. Pero no solo eso, sino que la clausura impulsada por la consejera Soriano dio lugar a una sentencia condenatoria contra la Junta de Comunidades por despido nulo, que resultó muchísimo más onerosa que el supuesto ahorro que esgrimió para justificar el cierre. La sentencia judicial dictada el 1 de febrero de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), en la que condenó a la empresa pública Geacam y declaró nulo el despido colectivo de 75 trabajadores, entre los que se encontraban las siete profesionales que integraban la plantilla de la ‘Enológica de Alcázar’, obligó a la Junta de Comunidades desde entonces a asumir una cuantía indemnizatoria que multiplicaba el coste del déficit que la consejera Soriano empleó para justificar su clausura.

Hoy, más de seis años después del controvertido ‘tijeretazo’ que acabó con la Enológica alcazareña el Gobierno regional presidido por el socialista Emiliano García-Page, que tiene a Francisco Martínez Arroyo como ‘hombre fuerte’ de la cartera de Agricultura, reclama el éxito del proceso de reversión y afirma que “posibilitará analizar muchas más muestras de las bodegas de Castilla-La Mancha que van a poder exportar sus productos a cualquier rincón del mundo con el análisis oficial hecho en Alcázar”. La previsión de crecimiento del número de muestras analizadas garantiza, a juicio del consejero, “la rentabilidad de la Enológica” y pone de manifiesto que el Gobierno regional “acertó” volviendo a reabrirla en este municipio, que contó, además, con el prestigioso químico Alipio Lara Olivares al frente, hasta su posterior jubilación. Al final, la ‘Enológica de Alcázar’ vuelve a contar, desde el pasado 30 de noviembre, con todos los medios necesarios para disputar la ‘Champions’ enológica en el mercado vitivinícola.


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